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La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) manifestó su preocupación por el proyecto de Ley de Biocombustibles que actualmente analiza el Senado de la Nación, al advertir que el texto impulsado por el oficialismo podría provocar el cierre de 25 plantas del interior del país y comprometer alrededor de 10.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos. La entidad sostiene que la iniciativa, si bien aumenta el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil, no contempla mecanismos que garanticen una participación equilibrada entre las pequeñas industrias y las grandes empresas integradas del sector.
Según informó TN Campo, el principal cuestionamiento de las pymes no apunta al incremento del corte obligatorio de biodiésel, sino a la forma en que se distribuirá ese mercado adicional entre los distintos actores de la cadena productiva. Desde la entidad consideran que el proyecto favorece a las grandes compañías aceiteras y exportadoras, dejando en una posición de desventaja a las plantas regionales que abastecen actualmente el mercado interno.
El proyecto en discusión propone elevar el porcentaje obligatorio de biodiésel mezclado con gasoil del 7,5% al 10%, una medida que incrementaría la demanda del biocombustible en el mercado local. Sin embargo, CEPREB sostiene que la iniciativa no establece criterios claros para asignar ese nuevo volumen de producción, lo que permitiría el ingreso de grandes empresas con una capacidad productiva y financiera muy superior a la de las pequeñas industrias.
De acuerdo con la información publicada por TN Campo, desde la cámara advirtieron que la propuesta oficial "no representa una simple reforma", sino "una sentencia de cierre de 25 plantas del interior y de los 10.000 empleos, directos e indirectos, que dependen de ellas".
La preocupación se centra en la diferencia de escala entre ambos modelos de producción. Mientras las grandes aceiteras cuentan con integración vertical y producen el aceite de soja que utilizan como materia prima, las plantas pymes deben adquirir ese insumo precisamente a esas mismas compañías, lo que limita su capacidad para competir en igualdad de condiciones.
Desde CEPREB consideran que, sin reglas específicas de asignación, las grandes empresas podrían captar gran parte del crecimiento del mercado interno, desplazando progresivamente a los establecimientos regionales.
Las plantas representadas por CEPREB conforman una red industrial distribuida en distintas provincias argentinas y constituyen un eslabón relevante dentro de la economía regional.
Según detalló TN Campo, actualmente las pymes producen alrededor de 900.000 toneladas anuales de biodiésel destinadas al abastecimiento del cupo nacional.
La capacidad instalada se distribuye principalmente entre Santa Fe, con aproximadamente 360.000 toneladas anuales; Buenos Aires, con 355.000 toneladas; La Pampa, con 85.000 toneladas; Entre Ríos, con 55.000 toneladas; y San Luis, con 45.000 toneladas.
Además del procesamiento de biodiésel, el sector mantiene vínculos con una extensa red de proveedores integrada por más de 400 plantas extrusoras de aceite de soja, que abastecen de materia prima a las industrias regionales.
Para la entidad empresaria, cualquier modificación en las condiciones del mercado interno tendría un impacto que excede a las plantas elaboradoras y alcanzaría a toda esa cadena de valor.
Lejos de rechazar el tratamiento de una nueva ley, CEPREB presentó una propuesta propia que, según afirma, permitiría ampliar el mercado sin perjudicar a ninguno de los sectores involucrados.
La iniciativa plantea elevar el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil hasta 12,5%, por encima del 10% previsto en el proyecto oficial.
Según la cámara, ese incremento adicional generaría una demanda cercana a 600.000 toneladas anuales, suficiente para incorporar nuevos jugadores sin desplazar a quienes actualmente abastecen el mercado interno.
La propuesta establece una distribución explícita del nuevo volumen disponible.
El esquema impulsado por las pymes reserva un 5% del mercado para las 17 plantas regionales, asigna un 2,5% a las ocho empresas no integradas y destina el 5% restante a las compañías aceiteras integradas.
De acuerdo con CEPREB, este mecanismo permitiría mantener la participación de todos los actores, favorecer nuevas inversiones y evitar procesos de concentración industrial.
Para respaldar su planteo, la entidad recordó que el propio proyecto de ley contempla mecanismos diferenciales en otros segmentos de la industria de los biocombustibles.
Según publicó TN Campo, la iniciativa prevé esquemas específicos de protección para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar frente al producido con maíz, con el objetivo de preservar la actividad de los ingenios azucareros del norte argentino.
En ese contexto, CEPREB sostiene que un criterio similar podría aplicarse al mercado del biodiésel.
"Si el criterio federal sirve para los ingenios, sirve también para las plantas regionales de biodiésel. Es el mismo problema y la misma solución", señalaron desde la entidad, según reprodujo TN Campo.
La discusión también tiene un fuerte componente territorial.
Desde la cámara sostienen que el crecimiento del sector no debería producirse mediante el desplazamiento de las industrias instaladas en distintas provincias del país.
Si bien reconocen que Santa Fe continuará siendo una de las principales beneficiarias por la expansión de la demanda, debido a la concentración del complejo agroindustrial y exportador, consideran necesario evitar que ese crecimiento implique el cierre de establecimientos ubicados en otras jurisdicciones.
Según la publicación de TN Campo, desde CEPREB afirmaron que "el objetivo es evitar que dicho crecimiento se consiga a costa del cierre de plantas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos o San Luis".
En esa línea agregaron: "Que Santa Fe crezca por el aumento del corte es una cosa; que crezca corriendo a las pymes de las demás provincias es otra, y es exactamente lo que el reparto explícito busca evitar".
Para la entidad, la asignación diferenciada no constituye un privilegio sino un reconocimiento a las inversiones realizadas bajo el marco regulatorio vigente durante los últimos años.
Con el tratamiento parlamentario previsto en el Senado, las pymes solicitaron participar de las reuniones de comisión para exponer los fundamentos técnicos de su propuesta.
El objetivo es que los legisladores evalúen el impacto económico y social que, según sostienen, tendría una eventual concentración del mercado en manos de las grandes compañías.
La definición de la nueva Ley de Biocombustibles será determinante para el futuro del sector. Mientras el oficialismo impulsa un esquema orientado a ampliar la participación de nuevos actores y aumentar el porcentaje obligatorio de mezcla, las pequeñas industrias buscan incorporar mecanismos que garanticen condiciones de competencia equilibradas y preserven la actividad productiva en el interior del país.
El debate excede la discusión sobre porcentajes de corte obligatorio. También pone en juego el modelo de desarrollo industrial que acompañará la expansión de los biocombustibles en Argentina, la distribución territorial de las inversiones y el futuro de miles de puestos de trabajo vinculados con una actividad que en los últimos años se consolidó como una pieza relevante dentro de la cadena agroindustrial.
