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Un grupo de sociedades rurales del norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires expresó su rechazo a la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Trazabilidad de Productos Veterinarios (SIGTRAZAVET), impulsado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). A través de un comunicado conjunto, las entidades advirtieron que la nueva herramienta incrementará la carga administrativa sobre los establecimientos ganaderos y sostuvieron que contradice la política de simplificación y desregulación promovida por el Gobierno nacional.
Según informó TN Campo, el reclamo surgió luego de que el organismo sanitario confirmara su intención de poner en marcha el nuevo esquema de control obligatorio para los productos veterinarios utilizados en la actividad pecuaria. Las entidades firmantes consideran que la iniciativa parte de un diagnóstico equivocado sobre la realidad del sector y reclamaron que las autoridades revisen la decisión antes de su entrada en vigencia.
En el documento difundido por las organizaciones rurales, el SIGTRAZAVET fue definido como una medida que agregará nuevas exigencias administrativas a la actividad ganadera sin aportar soluciones concretas a los problemas sanitarios que enfrenta el sector.
Las entidades sostienen que el sistema implicará mayores costos operativos, más trámites y un incremento de la carga burocrática para los productores, especialmente en los establecimientos dedicados a la cría y engorde de hacienda.
De acuerdo con la publicación de TN Campo, los dirigentes rurales calificaron la iniciativa como un "desatino" y afirmaron que responde a "un diagnóstico equivocado" sobre las necesidades de la producción ganadera.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la forma en que funcionará el nuevo mecanismo de control. Según los productores, el sistema traslada a la ganadería un esquema similar al utilizado para la emisión de recetas agronómicas, incorporando procedimientos que consideran excesivamente rígidos para una actividad que requiere decisiones sanitarias dinámicas y permanentes.
Desde las entidades sostienen que el uso cotidiano de medicamentos veterinarios y otros insumos sanitarios exige rapidez operativa y que la nueva metodología podría dificultar esas tareas, afectando el manejo diario de los rodeos.
El rechazo al SIGTRAZAVET también se fundamenta en el impacto administrativo que, según las sociedades rurales, tendrá sobre los productores.
Las organizaciones consideran que el sistema incorpora nuevas obligaciones documentales sin simplificar procesos existentes y que, en consecuencia, incrementará el tiempo y los recursos que los establecimientos deberán destinar al cumplimiento de requisitos formales.
En ese sentido, advirtieron que las nuevas exigencias podrían traducirse en mayores costos de gestión para productores, veterinarios y empresas vinculadas con la actividad pecuaria.
Para los dirigentes rurales, el problema no reside únicamente en la incorporación de un nuevo procedimiento, sino en el momento elegido para hacerlo.
Argumentan que la ganadería atraviesa un escenario en el que resulta prioritario mejorar la competitividad y reducir los costos de producción, por lo que consideran inconveniente sumar nuevas obligaciones administrativas.
Otro de los ejes centrales del comunicado hace referencia a la política económica impulsada por el Gobierno nacional.
Las entidades rurales señalaron que el nuevo sistema promovido por el SENASA resulta incompatible con el discurso oficial orientado a reducir regulaciones y simplificar la relación entre el Estado y el sector privado.
Según reprodujo TN Campo, los productores consideran que mientras el Poder Ejecutivo impulsa medidas destinadas a disminuir la burocracia, el organismo sanitario avanza en sentido contrario incorporando procedimientos que aumentan las exigencias para la producción.
En esa línea, afirmaron que la implementación del SIGTRAZAVET contradice los objetivos de desregulación que el Gobierno ha planteado para las distintas actividades económicas.
El documento también cuestiona los fundamentos utilizados para justificar la medida.
De acuerdo con la publicación de TN Campo, los dirigentes rurales sostuvieron que el organismo sanitario recurre a "argumentos propios de las etapas del fracaso" y consideraron que la nueva regulación no resolverá los problemas estructurales vinculados con la sanidad animal.
Por el contrario, entienden que solo agregará nuevas dificultades para quienes invierten y producen en el sector ganadero.
El pronunciamiento fue respaldado por un conjunto de entidades representativas de distintas zonas productivas del norte bonaerense.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Sociedad Rural de San Pedro, la Sociedad Rural de Rojas, la Sociedad Rural de Baradero, la Sociedad Rural de Pergamino, la Asociación Regional de Productores Agropecuarios (ARPA), la Sociedad Rural de Colón, la Sociedad Rural de Lincoln y la Asociación de Productores Rurales de Arrecifes (APRA).
La adhesión conjunta refleja un consenso entre las entidades respecto del impacto que, según consideran, tendría la implementación del nuevo sistema sobre la actividad ganadera regional.
Los dirigentes sostienen que la medida afectará especialmente a los establecimientos medianos y pequeños, que cuentan con menor capacidad administrativa para afrontar nuevas exigencias regulatorias.
Frente a este escenario, las sociedades rurales solicitaron formalmente que el SENASA suspenda la implementación del SIGTRAZAVET y abra una instancia de diálogo con las entidades representativas del sector.
El objetivo es revisar el alcance de la medida y evaluar alternativas que permitan fortalecer los controles sanitarios sin incrementar la carga burocrática sobre la producción.
Las organizaciones remarcaron que acompañan las políticas destinadas a mejorar la sanidad animal y la trazabilidad de los productos veterinarios, pero consideran que esos objetivos deben alcanzarse mediante herramientas que resulten operativamente viables para los productores.
Según publicó TN Campo, el reclamo apunta a evitar la incorporación de regulaciones que, a juicio de las entidades, no aportan beneficios proporcionales frente a los costos administrativos que generan.
La discusión en torno al SIGTRAZAVET vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del equilibrio entre los sistemas de control sanitario y la simplificación normativa que reclama buena parte del sector agropecuario.
Mientras el organismo sanitario sostiene la necesidad de fortalecer los mecanismos de trazabilidad, las entidades rurales insisten en que cualquier avance regulatorio debe contemplar la realidad operativa de los establecimientos ganaderos y evitar nuevas cargas burocráticas que puedan afectar la competitividad de una actividad estratégica para la producción agropecuaria argentina.
