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El debate sobre el futuro del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) volvió a instalarse en el centro de la agenda de la cadena cárnica luego de que distintas cámaras frigoríficas manifestaran posiciones opuestas respecto del esquema de financiamiento del organismo. Mientras entidades que representan a frigoríficos exportadores y de consumo de Santa Fe, Córdoba, Catamarca y Santiago del Estero respaldaron la continuidad del aporte obligatorio previsto por ley, otra cámara vinculada principalmente al abastecimiento del mercado interno planteó que esa contribución debería pasar a ser voluntaria. La discusión se produce en medio del proyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación para modificar el régimen vigente desde hace más de dos décadas.
Según informó Bichos de Campo, el origen del debate es la iniciativa promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien impulsa cambios sobre el sistema establecido por la Ley 25.507, norma que dio origen al IPCVA en 2002, tras la crisis sanitaria provocada por la fiebre aftosa y el cierre de los principales mercados internacionales para la carne vacuna argentina.
Desde entonces, el Instituto es financiado mediante un aporte obligatorio realizado íntegramente por el sector privado, recursos que se destinan a acciones de promoción de la carne argentina, apertura de mercados, campañas institucionales, participación en ferias internacionales, estudios de mercado, investigaciones y capacitación.
En este contexto, la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (CAFRISA) difundió un comunicado institucional en el que expresó su apoyo a la continuidad del sistema actual.
La entidad, que reúne a más de veinte frigoríficos de consumo y exportación de esa provincia, sostuvo que cualquier modificación debería analizarse considerando el impacto que podría tener sobre las acciones desarrolladas por el Instituto en beneficio de toda la cadena de ganados y carnes.
Según reprodujo Bichos de Campo, la cámara consideró que cualquier reforma debe analizarse "con una visión integral y sectorial, evaluando especialmente su impacto sobre las acciones que el Instituto desarrolla en beneficio de productores e industria".
La entidad recordó además que el IPCVA surgió como resultado del consenso alcanzado entre las organizaciones representativas de productores y de la industria frigorífica, quedando formalizado mediante la sanción de la Ley 25.507.
En ese sentido, destacó que el modelo de gestión público-privado, junto con los mecanismos de auditoría y control existentes, brinda transparencia al funcionamiento del organismo.
Para CAFRISA, el trabajo desarrollado por el Instituto durante los últimos años permitió fortalecer la presencia de la carne argentina en mercados internacionales altamente competitivos.
Entre las acciones valoradas por la entidad figuran la promoción comercial en el exterior, la apertura de nuevos destinos de exportación, la generación de información técnica y económica, la capacitación y la representación institucional de toda la cadena.
Los frigoríficos santafesinos sostienen que esos instrumentos constituyen un activo estratégico para mejorar la competitividad del sector y favorecer el crecimiento de las exportaciones.
En el mismo comunicado, la cámara manifestó que comparte el objetivo del Gobierno de avanzar en procesos de simplificación administrativa y reducción de costos, aunque advirtió que esos cambios no deberían afectar herramientas que generan beneficios para la producción y la industria.
En ese marco realizó "un llamado al diálogo y al consenso entre las autoridades nacionales, productores e industria, con el objetivo de encontrar la mejor alternativa para fortalecer la cadena de ganados y carnes argentina", según consignó Bichos de Campo.
Como conclusión, la entidad afirmó que "un IPCVA fuerte, eficiente y orientado a resultados constituye una herramienta que merece ser preservada".
La postura de CAFRISA no quedó aislada dentro del sector.
Días antes, la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC), que agrupa establecimientos de Córdoba, Catamarca y Santiago del Estero, también expresó públicamente su respaldo al esquema vigente.
En ese documento, firmado por su presidente Dante Cerino y su vicepresidente Raúl Azcona, la entidad solicitó al Gobierno revisar la propuesta de modificación y apeló, según publicó Bichos de Campo, "al sentido común del Gobierno" para evitar lo que calificó como "un tremendo error".
La posición opuesta fue planteada por la Cámara Argentina de la Industria y Comercio de la Carne (CAINCA).
La entidad sostuvo que el financiamiento del IPCVA debería dejar de ser obligatorio para transformarse en una decisión voluntaria de cada empresa.
Según el comunicado citado por Bichos de Campo, CAINCA manifestó: "En el marco de la libertad, competitividad y respeto por la propiedad privada entendemos que el aporte al IPCVA y a cualquier entidad gremial empresaria debe ser voluntario para que cada actor de la cadena de aprovisionamiento de carne pueda elegir qué institución lo represente y promocione su negocio".
La cámara argumentó además que el sistema vigente fue diseñado hace más de veinte años bajo un contexto completamente diferente al actual.
En esa línea sostuvo que "El aporte obligatorio definido hace más de dos décadas en otro contexto impacta en la estructura de costos y precios de los productos sin ninguna contraprestación para quienes abastecen el consumo interno", según reprodujo Bichos de Campo.
La controversia no se limita únicamente a las cámaras frigoríficas.
Cuando trascendió la intención del Gobierno de modificar el régimen de financiamiento, las entidades que integran la administración del IPCVA y la Mesa de Enlace expresaron inicialmente una postura común en defensa del sistema vigente.
Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a aparecer diferencias dentro de la propia cadena cárnica y también entre productores.
De acuerdo con la información publicada por Bichos de Campo, una encuesta realizada por el analista ganadero Andrés Halle en la red social X mostró que alrededor del 85% de los participantes apoyaba la eliminación del aporte obligatorio, mientras que apenas un 15% respaldaba la continuidad del sistema actual.
Aunque no se trata de un estudio estadístico representativo, el sondeo reflejó que el debate también genera opiniones divididas entre distintos actores vinculados con la producción ganadera.
El eje de la discusión gira en torno a cómo financiar las acciones de promoción internacional de la carne argentina sin afectar los principios de libertad económica impulsados por el Gobierno nacional.
Quienes defienden el esquema vigente sostienen que el aporte obligatorio garantiza recursos estables para sostener campañas institucionales, apertura de mercados y acciones de promoción que benefician a toda la cadena exportadora.
Por el contrario, quienes impulsan un sistema voluntario consideran que cada empresa debería decidir libremente si desea contribuir al financiamiento del Instituto o destinar esos recursos a otras estrategias comerciales.
El debate recién comienza y todavía no existe una definición oficial sobre el alcance que tendrá la eventual modificación de la Ley 25.507. Mientras tanto, la discusión deja al descubierto las distintas visiones existentes dentro de la industria frigorífica respecto del rol que debe cumplir el IPCVA y del mecanismo más adecuado para sostener la promoción internacional de uno de los principales complejos exportadores de la Argentina.
