El CEO de Pan American Energy (PAE), Marcos Bulgheroni, reclamó una modificación de la ley de biocombustibles al sostener que la normativa vigente impide a las refinadoras invertir en el sector y limita el desarrollo de nuevos proyectos orientados a la exportación. El planteo se produjo en medio del debate legislativo sobre una posible reforma del régimen, según informó Forbes.
Durante la inauguración de una estación de servicio de Axion en la provincia de Santa Fe, Bulgheroni cuestionó el marco regulatorio actual y aseguró que el país está desaprovechando una oportunidad para desarrollar una industria con potencial exportador.
"Es un sinsentido absoluto tener una ley que prohíbe a una refinadora argentina invertir en biocombustibles. Resulta bastante particular que nos impidan volcar recursos en una industria donde estamos en condiciones y tenemos la voluntad de hacerlo", afirmó en diálogo con Econojournal.
El ejecutivo remarcó que el objetivo de las refinadoras no es quedarse con el mercado interno, sino impulsar nuevos proyectos destinados a mercados internacionales. En ese sentido, sostuvo: "Queremos invertir para exportar y hacerlo en partnership, en asociación, con jugadores que hoy forman parte de la industria y que compartan nuestra misma visión".

Bulgheroni también destacó el potencial competitivo del país gracias a la producción agropecuaria. "Estamos convencidos de que lo que va a hacer funcionar a la industria de los biocombustibles es agrandar la torta y generar productos exportables al mundo. Hay una enorme oportunidad por la competitividad que tiene la Argentina a través del campo. Eso nos va a permitir exportar a Europa, a Estados Unidos y a otros mercados", señaló.
Las declaraciones se produjeron en Santa Fe, donde el empresario mantuvo un encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro, uno de los mandatarios provinciales que respalda el proyecto impulsado por la senadora Flavia Royón, considerado una alternativa intermedia frente a la iniciativa presentada por La Libertad Avanza.
Actualmente, el Congreso debate dos proyectos para modificar la ley de biocombustibles. Uno propone una mayor desregulación del mercado y elimina la fijación de precios, mientras que el otro mantiene un esquema más gradual con respaldo de provincias productoras. Ninguno de los dos reúne por ahora los consensos necesarios para su aprobación.
El sector sostiene que la legislación vigente provocó un estancamiento de la actividad durante los últimos cinco años, justo cuando el mercado internacional comenzó a demandar nuevos productos, especialmente el SAF (Sustainable Aviation Fuel), el combustible sostenible para la aviación que concentra buena parte de las expectativas de crecimiento de la industria.
Algunos actores también plantean elevar el porcentaje de mezcla obligatoria de biocombustibles con nafta y gasoil para dinamizar el mercado interno. Sin embargo, esa alternativa genera reparos dentro del Gobierno por el posible impacto sobre el precio de los combustibles.
Un informe de la consultora Economía & Energía advierte que un mayor uso de biocombustibles implica un sobrecosto en los surtidores debido a sus precios y a su menor poder calorífico respecto de los combustibles fósiles. Además, señala un efecto fiscal negativo asociado a los beneficios impositivos vigentes.

Al mismo tiempo, la consultora proyecta que el SAF será el principal motor del crecimiento mundial del mercado de biocombustibles, con una demanda que pasaría de 1.000 millones de litros en 2024 a 9.000 millones en 2030.
Desde la industria refinadora también cuestionan el régimen actual. Fuentes del sector sostuvieron que "el esquema de subsidios de la ley actual ya duró demasiados años. Los dueños de estas plantas obtuvieron beneficios en la medida de la protección de la que gozaron, pero esa misma protección terminó atrofiando su competitividad. Nuestra industria y los consumidores en general no pueden seguir financiando este sistema asistencialista".
El debate sobre la ley de biocombustibles continúa abierto y enfrenta dos visiones: una que propone una mayor apertura para estimular inversiones y exportaciones, y otra que prioriza mantener mecanismos de protección para la industria existente.