El sector inmobiliario reclama un RIGI y menos burocracia

El sector inmobiliario reclamó al Gobierno un régimen de incentivos para la construcción, alivio impositivo, hipotecas divisibles y una reducción de los tiempos administrativos para impulsar nuevas inversiones. El pedido fue planteado por Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), durante la apertura de Expo Real Estate Argentina, donde también respondió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con anuncios sobre crédito, mercado de capitales y reducción de trámites, según informó Forbes.

Tabakman sostuvo que el sector necesita recuperar condiciones que permitan volver a poner en marcha proyectos inmobiliarios y mejorar la ecuación económica de las obras. Uno de los principales pedidos fue que el RIGI, creado por el Gobierno para incentivar grandes inversiones, también alcance a la construcción.

“Necesitamos que el RIGI también contemple al sector de la construcción. Nos parece una medida fundamental”, planteó Tabakman durante su exposición.

El reclamo apunta a extender al real estate un esquema de beneficios que permita atraer capital, reducir costos y generar condiciones más favorables para nuevos desarrollos.

El dirigente empresario también pidió incentivos impositivos para la actividad. Como referencia, mencionó el sistema aplicado en Uruguay para promover determinadas viviendas.

“Una ayuda impositiva, como por ejemplo funciona en Uruguay con las viviendas promovidas, podría ayudar a mejorar el sector. Es un reclamo que pedimos hace años”, señaló el titular de CEDU.

Según el planteo del sector, una herramienta de este tipo podría contribuir a mejorar los costos de construcción y estimular una mayor oferta de viviendas, especialmente en segmentos destinados a la clase media.

Otro de los ejes de la agenda empresaria es el financiamiento. Tabakman reclamó avanzar con las hipotecas divisibles, una herramienta que permitiría financiar proyectos durante la etapa de construcción y posteriormente distribuir la garantía hipotecaria entre las diferentes unidades.

“Pedimos que se haga foco en las hipotecas divisibles para ayudar a las desarrolladoras y a los proyectos nuevos”, sostuvo.

El mecanismo es considerado relevante por los desarrolladores porque permitiría vincular el financiamiento de largo plazo con el proceso de construcción y facilitar el acceso al crédito para nuevos emprendimientos.

A la discusión sobre financiamiento se suma otro problema señalado por el sector: la demora en los procesos administrativos. Los desarrolladores reclaman reducir los tiempos de aprobación para que los proyectos puedan pasar de la planificación a la obra en plazos más cortos.

“Necesitamos una mejora en los tiempos de aprobación”, afirmó Tabakman.

El presidente de CEDU puso como ejemplo a la provincia de Buenos Aires, donde, según señaló, un desarrollo urbanístico puede demorar al menos 10 años en completar todo el proceso de aprobaciones.

El planteo coincidió con uno de los principales ejes de la exposición de Sturzenegger, quien habló de la necesidad de reducir la denominada “tramitología” y avanzar hacia un esquema de controles que permita acelerar los procesos sin eliminar las responsabilidades profesionales.

El ministro también vinculó el desarrollo del crédito hipotecario con la necesidad de aumentar el ahorro local. Según explicó, los bancos deberán modificar sus estrategias para captar depósitos y ofrecer tasas competitivas, mientras que el mercado de capitales puede convertirse en una fuente adicional de financiamiento para el sector.

Sturzenegger anticipó además que el Gobierno enviará al Congreso una reforma del mercado de capitales. Entre los cambios previstos mencionó la creación de un sistema nacional de prendas con participación privada y modificaciones al régimen de crowdfunding para facilitar la participación de personas en proyectos de inversión.

Para el sector inmobiliario, la reducción de la burocracia aparece como una de las condiciones centrales para recuperar el ritmo de inversión. La propuesta oficial consiste en que determinadas presentaciones ante organismos públicos sean realizadas por profesionales responsables de la información, con controles posteriores y basados en declaraciones juradas.

El objetivo compartido entre el Gobierno y los desarrolladores es reducir el tiempo entre la decisión de invertir y el comienzo efectivo de una obra. Para el sector, un marco impositivo más favorable, mejores herramientas de financiamiento y procesos administrativos más rápidos podrían generar condiciones para recuperar nuevos proyectos de construcción.