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Simplificación, competitividad y formalización son los tres ejes sobre los que el Gobierno nacional busca avanzar para modificar el sistema tributario argentino y generar mejores condiciones para la producción, la inversión y el crecimiento económico.
El planteo fue presentado por Franco Simone, subsecretario Legal de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, durante el Encuentro de Impuestos organizado por IDEA. Ante unos 400 asistentes, el funcionario explicó que el objetivo oficial es avanzar hacia un esquema tributario que acompañe la actividad económica en lugar de convertirse en un obstáculo.
Simon sostuvo que el Gobierno busca construir "un sistema tributario que ponga el foco en producir y que no sea una barrera".
El funcionario también remarcó que cualquier transformación requiere coordinación entre los distintos niveles del Estado. En ese sentido, señaló que será necesario avanzar hacia una agenda federal que involucre a Nación, provincias y municipios.
"Esto sería impensado si no hablamos de una agenda o una estructura a nivel federal donde nos pongamos de acuerdo los tres niveles de Gobierno", afirmó.
La estrategia oficial parte de una premisa: que una mayor actividad económica y una economía más formalizada permitan ampliar la base de contribuyentes y mejorar los ingresos públicos sin depender únicamente de una mayor presión impositiva.
"Queremos un sistema para crecer, no simplemente para recaudar más, y que con crecimiento y formalización podamos generar una recaudación virtuosa", expresó Simon.
El debate sobre el futuro del sistema tributario se da, además, en un contexto de cambios implementados durante los primeros años de la gestión de Javier Milei. El economista Nadín Argañaraz analizó el impacto fiscal acumulado de las modificaciones aplicadas entre 2024 y 2026.
Según su trabajo, algunos cambios elevaron la recaudación, mientras que otros generaron una reducción de los ingresos tributarios. Entre los impuestos que aportaron mayores recursos se encuentran Combustibles, Ganancias y Monotributo, mientras que entre los que registraron una reducción aparecen Impuesto PAIS, Derechos de Exportación, Bienes Personales e IVA.
El análisis estima que el resultado neto de los principales cambios tributarios implementados durante los primeros tres años de gobierno implicó una disminución de la recaudación equivalente al 3% del PBI.
Para el conjunto de la gestión, el estudio proyecta un costo fiscal acumulado de 4,7% del PBI producto de las modificaciones tributarias.
A la discusión se suma el impacto que tiene la estructura impositiva sobre las empresas. El especialista César Litvin, titular del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, sostuvo que durante los últimos 25 años el sistema acumuló una mayor complejidad y un sesgo que perjudicó la inversión.
"Eso se explica porque fue aumentando la carga tributaria año a año, salvo un pequeño recreo en el gobierno de Macri, y fue aumentando la cantidad de impuestos que hace muy complejo el sistema tributario", explicó.
Litvin también cuestionó la multiplicación de regímenes de retención, percepción, anticipos y pagos a cuenta, debido al impacto que pueden generar sobre el capital de trabajo de las empresas.
El especialista puso especial atención sobre Ingresos Brutos, un tributo que, según explicó, genera efectos acumulativos y puede afectar la competitividad de las compañías, incluso en operaciones vinculadas con las exportaciones.
La otra cuestión central es la formalización y la evasión fiscal. Un informe de Fundar, elaborado con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, advierte que medir la evasión resulta complejo porque las prácticas evasivas no quedan registradas directamente.
El estudio utiliza como referencia la eficiencia recaudatoria, que compara lo efectivamente cobrado con lo que el Estado recaudaría si todos los contribuyentes cumplieran con sus obligaciones fiscales.
Según el informe, la evasión explica buena parte de la ineficiencia recaudatoria. En el caso del Impuesto a las Ganancias de sociedades, la eficiencia apenas supera el 27%, mientras que en el IVA la evasión alcanza el 43,7% de la recaudación potencial.
El desafío que enfrenta el Gobierno, por lo tanto, combina dos objetivos: simplificar la estructura tributaria y ampliar la formalización para generar un sistema que favorezca la producción y, al mismo tiempo, sostenga los ingresos públicos.
La propuesta oficial también requiere coordinación entre Nación, provincias y municipios, ya que buena parte de la carga tributaria que enfrentan empresas y consumidores surge de distintos niveles del Estado.
La apuesta es que un sistema más simple, competitivo y orientado a la formalización pueda convertirse en una herramienta para impulsar la inversión, reducir costos y acompañar el crecimiento económico.
