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La reforma de la Ley de Semillas 20.247 entró en una etapa de negociación entre productores y empresas semilleras, con avances sobre el uso propio de semillas y los criterios para determinar quiénes quedarían alcanzados por eventuales excepciones de pago. La Mesa de Enlace y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) retomaron el diálogo en una reunión realizada en la sede de CONINAGRO, mientras el Gobierno prepara un proyecto para enviar al Congreso y busca que la cadena agroindustrial acerque posiciones antes del debate legislativo.
El encuentro permitió avanzar sobre algunos de los aspectos económicos más sensibles de la futura normativa, aunque persiste una diferencia estructural: qué régimen internacional de propiedad intelectual debería adoptar la Argentina. Mientras las entidades de productores sostienen la necesidad de permanecer bajo los principios de UPOV 78, la industria semillera impulsa una legislación alineada con UPOV 91, un esquema que amplía la protección sobre las variedades vegetales.
La discusión tiene impacto directo sobre productores, semilleros y el desarrollo tecnológico de los cultivos. En particular, el diseño de la nueva ley determinará cómo se remunera la innovación genética, qué margen conserva el productor para utilizar semillas obtenidas de su propia cosecha y bajo qué condiciones deberá pagar por el uso de determinadas tecnologías.
“Todos somos conscientes de que hay que mejorar la legislación”, afirmó Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), según declaraciones difundidas tras el encuentro.
La dirigente planteó que existe una relación de dependencia mutua entre ambos sectores. “Los productores necesitamos contar con la mejor tecnología y tener acceso a esa tecnología, y la industria semillera necesita producir esa tecnología para nosotros”, señaló Sarnari.
El proceso de negociación comenzó luego de una serie de reuniones impulsadas por la Secretaría de Agricultura, que convocó a representantes de la producción y de la industria. A partir de esos encuentros, las entidades resolvieron conformar una mesa técnica para revisar las propuestas existentes y tratar de construir puntos de acuerdo antes de que el proyecto llegue al Parlamento.
Alfredo Paseyro, presidente de ASA, explicó que la intención es trabajar sobre los textos que ya fueron presentados y encontrar una fórmula que permita compatibilizar los intereses de ambas partes.
“El proceso lo inicia la Secretaría de Agricultura, convoca dos reuniones (...) y luego de esas dos reuniones lo que propusimos es armar una mesa de trabajo donde las entidades de la producción junto a los semilleros analicemos las propuestas que ya estaban sobre la mesa”, sostuvo Paseyro.
Uno de los puntos en los que la negociación consiguió mayores avances es el reconocimiento de dos modalidades de uso propio de semillas: una gratuita y otra onerosa.
La diferencia es central para definir cómo funcionará el sistema de remuneración. La propuesta que se discute busca preservar el derecho del productor a utilizar parte de su propia producción como semilla, pero al mismo tiempo establecer mecanismos para que quienes utilicen tecnologías desarrolladas comercialmente contribuyan a su financiamiento bajo determinadas condiciones.
“Hemos ido poniéndonos de acuerdo, como por ejemplo reconocer que tiene que haber un uso propio gratuito y un uso propio oneroso, y tanto la industria como los productores lo hemos así consensuado de alguna manera”, explicó Sarnari.
El principal interrogante ahora es determinar quiénes podrán acceder a la excepción gratuita y bajo qué parámetros.
En ese punto aparece una discusión técnica vinculada con la escala productiva. Las entidades rurales habían planteado inicialmente un límite de hasta 500 hectáreas sembradas para establecer el universo de productores exceptuados. Durante las conversaciones, sin embargo, comenzó a tomar fuerza una alternativa basada en deciles de superficie, que permitiría segmentar a los productores según su tamaño relativo dentro de cada cultivo.
Paseyro señaló que todavía resta definir tanto el perfil del productor que podría acceder a la excepción como los cultivos alcanzados.
“En eso estamos hoy, viendo de construir cuál sería una figura del sujeto que necesita una excepción. El uso propio como práctica está, pero queremos ver quién sería y dentro de qué cultivos”, explicó el titular de ASA.
También se analiza una diferenciación entre la denominada superficie base y el uso incremental. El objetivo es encontrar una fórmula que contemple la utilización histórica de semilla propia y, al mismo tiempo, permita establecer reglas diferentes cuando se produce una expansión significativa de la superficie o del uso de determinada tecnología.
Ese mecanismo podría convertirse en uno de los componentes económicos centrales de la nueva legislación.
El principal obstáculo para alcanzar un acuerdo completo no está en los aspectos técnicos que comenzaron a consensuarse, sino en el marco jurídico internacional sobre el que debería asentarse la reforma.
La Argentina adhirió al Acta de 1978 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). La discusión actual plantea la posibilidad de avanzar hacia el marco de UPOV 91, que establece mayores niveles de protección para los obtentores de nuevas variedades vegetales.
Para la Mesa de Enlace, la permanencia bajo UPOV 78 constituye un límite relevante de la negociación.
“Lo que sí hay una gran diferencia, que no vamos a tener acuerdo, es dentro de qué marco estamos discutiendo una normativa de ley de semilla”, advirtió Sarnari.
La titular de FAA sostuvo que las entidades de productores pretenden mejorar la legislación vigente sin abandonar el esquema actual. Según explicó, la posición del sector productivo es elevar los estándares de la normativa dentro de UPOV 78, mientras que el Gobierno estaría evaluando enviar al Congreso una propuesta alineada con UPOV 91.
Desde ASA, en cambio, la postura es diferente. Paseyro confirmó que la industria presentó una iniciativa “con una mirada orientada a lo que es UPOV 91, un tratado internacional de propiedad intelectual”.
La diferencia no es menor para el negocio de semillas. El régimen elegido tendrá consecuencias sobre la protección de las nuevas variedades, el reconocimiento económico de la investigación y el alcance de los derechos de los desarrolladores de genética.
Para las empresas semilleras, contar con un sistema que permita recuperar las inversiones en investigación y desarrollo es un factor clave para sostener la generación de nuevas tecnologías. Para los productores, el desafío consiste en evitar que ese reconocimiento se transforme en un aumento de costos que limite el acceso a genética y tecnologías necesarias para mejorar los rindes.
La discusión ocurre en un momento en el que la tecnología aplicada a semillas tiene un peso creciente en la estructura productiva argentina. La genética, la resistencia a enfermedades, la tolerancia a determinados eventos y la adaptación de los materiales a distintos ambientes son factores cada vez más relevantes para la rentabilidad agrícola.
Por eso, la actualización de una ley que data de 1973 excede el debate jurídico. La normativa define reglas que pueden afectar las decisiones de inversión de las empresas semilleras y el costo tecnológico que enfrentan los productores.
El desafío es encontrar un mecanismo que permita financiar la innovación sin restringir el acceso a ella.
En ese sentido, el reconocimiento del uso propio gratuito y oneroso aparece como uno de los primeros puntos de convergencia. La discusión sobre superficie base, uso incremental y deciles podría permitir avanzar hacia un esquema más segmentado que contemple las diferencias entre productores.
Pero cualquier acuerdo técnico deberá convivir con la discusión política sobre el régimen de propiedad intelectual.
La presidenta de FAA consideró que todavía existe margen para acercar posiciones. “Yo creo que sí es factible que estos caminos terminen dando resultado, porque además todos somos conscientes de que es necesario hacerlo. No hay que olvidar que hay dos extremos que deben en algún momento juntarse”, sostuvo.
Para Sarnari, la construcción de una mesa de consenso constituye una instancia necesaria para evitar que la reforma se transforme en una disputa exclusivamente legislativa.
El Gobierno, mientras tanto, sigue de cerca las conversaciones entre las entidades rurales y la industria. La expectativa oficial es que el intercambio permita reducir las diferencias y facilitar la elaboración de un proyecto con posibilidades de avanzar en el Congreso.
El resultado de esa negociación será relevante para toda la cadena. Los semilleros necesitan reglas que permitan recuperar el capital destinado a investigación y desarrollo; los productores buscan preservar el acceso a tecnología y el uso propio; y el Estado procura establecer un marco regulatorio actualizado que incentive la inversión sin generar restricciones excesivas para la producción.
La posibilidad de alcanzar un punto intermedio dependerá, en buena medida, de cómo se resuelva la diferencia entre UPOV 78 y UPOV 91 y de la fórmula que finalmente se adopte para determinar quién paga, cuánto paga y bajo qué condiciones puede utilizar semilla propia.
Por ahora, la negociación permitió destrabar algunos aspectos económicos y técnicos, pero la definición sobre propiedad intelectual continúa siendo el principal límite para un consenso integral. El debate que comenzó entre productores y semilleros tendrá ahora que traducirse en una propuesta legislativa capaz de atravesar el Congreso y establecer las reglas que regirán uno de los mercados tecnológicos centrales de la agricultura argentina.
