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La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) reclamó a los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay que acuerden un mecanismo común para distribuir las cuotas de exportación hacia la Unión Europea (UE), ante el riesgo de que el sistema vigente genere una competencia entre empresas para acceder primero a los contingentes disponibles. El planteo fue difundido el 4 de septiembre de 2026 desde Porto Alegre y apunta a garantizar previsibilidad para los exportadores y evitar que la ventaja arancelaria obtenida en el acuerdo comercial se traduzca en una menor capacidad de negociación frente a los compradores europeos.
Segun TNCampo,la preocupación del sector privado regional surgió después de la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzó a aplicarse el 1° de mayo de 2026, luego de un proceso de negociaciones iniciado en 1999. Para las entidades agropecuarias, el desafío ya no pasa solamente por el acceso al mercado europeo, sino también por definir cómo se administrarán internamente los volúmenes que corresponden al bloque sudamericano.
La FARM, presidida por Jorge A. Rodríguez, cuestionó en particular el criterio conocido como “first in, first out” (FIFO), mediante el cual las solicitudes son atendidas según el orden en que son presentadas. Según la posición expresada por la federación, esta modalidad puede convertir la utilización de las cuotas en una carrera entre operadores y dificultar la planificación de las exportaciones.
El reclamo apunta a establecer una distribución previa entre los países integrantes del Mercosur. La intención es que cada Estado conozca con anticipación qué volumen podrá administrar y que las empresas puedan organizar sus operaciones sobre la base de reglas previsibles.
El acuerdo comercial establece contingentes arancelarios para determinados productos agropecuarios considerados sensibles. Esos cupos permiten ingresar mercadería al mercado europeo bajo condiciones arancelarias preferenciales, lo que representa una oportunidad para los exportadores del Mercosur.
Sin embargo, la ausencia de un esquema intrabloque que determine de antemano cómo se distribuirán esos volúmenes genera incertidumbre entre los operadores. El mecanismo administrado mediante el Sistema de Administración y Distribución de Cuotas Otorgadas al MERCOSUR por Terceros Países (SACME) toma como referencia el momento en que se presentan las solicitudes.
Para las entidades rurales, el problema de este sistema radica en que el acceso al beneficio depende en buena medida de la velocidad administrativa de cada operador. En lugar de contar con un volumen previamente asignado para planificar sus ventas, las empresas deben competir por los cupos disponibles a medida que se presentan los trámites.
La FARM sostiene que esa dinámica puede afectar la organización comercial de las cadenas agroindustriales. Los exportadores necesitan conocer con anticipación qué cantidades estarán disponibles para definir contratos, programar embarques y negociar condiciones con los compradores.
La incertidumbre también puede trasladarse a la relación comercial con los importadores europeos. Si una empresa no tiene certeza sobre el volumen que podrá enviar con preferencia arancelaria, su margen para negociar precios puede reducirse. Según la advertencia de la federación, los compradores podrían aprovechar esa falta de previsibilidad para obtener mejores condiciones comerciales.
El planteo adquiere especial relevancia en productos agropecuarios donde los márgenes dependen de manera significativa de los costos logísticos, las condiciones internacionales y las ventajas arancelarias.
Frente a este escenario, las entidades rurales propusieron avanzar hacia un mecanismo de distribución acordado previamente entre los cuatro países del bloque.
La propuesta no se limita a reemplazar un procedimiento administrativo por otro. La FARM plantea que la asignación debería contemplar las realidades productivas, la capacidad exportadora y las características de las cadenas de valor de cada país.
El objetivo es que el sistema permita anticipar los volúmenes disponibles y reduzca la incertidumbre para los operadores privados. De esta manera, las empresas podrían planificar sus negocios con mayor horizonte temporal y aprovechar de manera efectiva las preferencias arancelarias negociadas con Europa.
La federación también destacó la necesidad de que el mecanismo sea equilibrado, transparente y previsible. Para el sector privado, esas condiciones son necesarias para evitar que la competencia por el acceso a los contingentes termine perjudicando el valor obtenido en el mercado europeo.
En ese sentido, las entidades rurales consideran que el diseño del sistema debería incorporar el conocimiento de las propias cadenas productivas. Los operadores privados conocen los requerimientos de los compradores, los estándares de calidad y los tiempos de producción y comercialización de cada actividad, factores que pueden resultar relevantes a la hora de establecer una administración eficiente de los cupos.
El planteo de las entidades rurales se produce en una etapa inicial de implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El entendimiento constituye una herramienta de acceso para los países sudamericanos a uno de los principales mercados del mundo, aunque incluye mecanismos específicos para determinados sectores sensibles.
En el marco del acuerdo, la Unión Europea estableció contingentes arancelarios para 22 productos agropecuarios, mientras que el Mercosur otorgó contingentes para 11 productos de origen europeo.
La existencia de estos cupos busca administrar el acceso de determinados productos al mercado mediante volúmenes establecidos y condiciones arancelarias preferenciales. Para los exportadores sudamericanos, la posibilidad de ingresar con menores cargas tributarias puede mejorar la competitividad de sus productos.
Pero para que ese beneficio llegue efectivamente a los productores y exportadores, las entidades consideran necesario resolver la administración interna de los contingentes.
La FARM advirtió además que el problema puede trascender la cuestión comercial inmediata. La falta de coordinación entre los socios del Mercosur para distribuir los cupos podría, según su planteo, generar dificultades institucionales y afectar la posición conjunta del bloque en futuras negociaciones con terceros países.
La federación considera que una administración consensuada permitiría fortalecer la integración regional y presentar una posición más coordinada frente a los mercados internacionales.
El reclamo coloca nuevamente en primer plano una cuestión recurrente dentro del Mercosur: cómo distribuir entre sus integrantes los beneficios derivados de acuerdos comerciales negociados en conjunto.
En este caso, el desafío consiste en definir un criterio que permita compatibilizar las diferentes estructuras productivas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Cada país cuenta con distintas capacidades de producción, infraestructura, empresas exportadoras y participación en las cadenas agroindustriales.
Un reparto previamente acordado permitiría, según la posición de las entidades rurales, evitar que esas diferencias se traduzcan en una competencia basada exclusivamente en la rapidez para presentar solicitudes.
La FARM pidió que los gobiernos alcancen una definición en el corto plazo y que el sector productivo sea tenido en cuenta en el diseño del mecanismo. La federación también manifestó su disposición a aportar la experiencia técnica de las organizaciones que la integran.
El objetivo final planteado por las entidades es que las preferencias arancelarias del acuerdo con Europa se conviertan en una herramienta efectiva para generar mayor actividad, ingresos para los productores y divisas para las economías de los países miembros.
La discusión sobre las cuotas aparece así como uno de los primeros desafíos operativos que enfrenta el acuerdo comercial en su etapa de implementación. Mientras los gobiernos deben avanzar en un criterio común para distribuir los contingentes, los exportadores reclaman reglas que les permitan conocer de antemano las condiciones bajo las cuales podrán operar.
Para el sector agropecuario, la prioridad es evitar que el acceso a los cupos dependa de una carrera administrativa. La definición de un esquema consensuado entre los socios del Mercosur será clave para determinar si las ventajas arancelarias obtenidas en Europa pueden traducirse en operaciones comerciales sostenibles y con mayor poder de negociación para los exportadores regionales.
