Soja: ROSARIO
$481 -100.97%
Maíz: ROSARIO
$267,50 -0.89%
Trigo: ROSARIO
$291,30 -99.59%
La vitivinicultura argentina amplía su estrategia para competir en mercados internacionales con mayores exigencias ambientales, sociales y económicas: el sello “Vitivinicultura Argentina Sostenible”, impulsado por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), ya alcanza a 26 bodegas y 53 unidades productivas de 14 provincias, luego de dos convocatorias desarrolladas desde 2024 y consolidadas durante la vendimia 2026. La certificación busca transformar las prácticas sustentables en una herramienta comercial y suma entre sus establecimientos reconocidos a tres bodegas de Río Negro, Chubut y Neuquén, lo que refuerza el posicionamiento de la Patagonia dentro de la oferta vitivinícola argentina.
El crecimiento del programa se produce en un contexto en el que la sustentabilidad dejó de estar asociada únicamente con la imagen de las empresas y pasó a ocupar un lugar cada vez más relevante en las condiciones de acceso a determinados mercados. Para las bodegas argentinas, contar con sistemas que permitan demostrar prácticas ambientales, económicas y sociales puede convertirse en un elemento de diferenciación frente a compradores y distribuidores internacionales, indico +P para LMNeuquen
El programa comenzó en 2024, cuando se certificaron 22 bodegas y 31 unidades productivas. La segunda convocatoria, abierta durante 2025, permitió incorporar nuevos establecimientos y extender el alcance territorial hasta las actuales 26 bodegas y 53 fincas.
La expansión no se concentró solamente en las principales zonas vitivinícolas del país. El esquema llegó a establecimientos ubicados en 14 provincias, entre ellas territorios donde la actividad vitivinícola tiene una participación menor dentro de la economía regional. Entre los casos destacados aparecen Neuquén, Misiones y Tucumán, además de los tradicionales polos productores de Mendoza, San Juan y Salta.
El proceso de certificación de las 53 unidades productivas implicó una inversión de $44 millones, destinada a financiar asistencia técnica, implementación de sistemas de gestión y auditorías externas. El objetivo fue acompañar a las empresas en la incorporación de los requisitos establecidos por la Guía de Sustentabilidad y, posteriormente, verificar su cumplimiento mediante entidades independientes.
El concepto de sustentabilidad utilizado por el programa abarca mucho más que la reducción o eliminación del uso de productos químicos. La Guía de Sustentabilidad de COVIAR contempla tres dimensiones principales: ambiental, económica y social.
En materia ambiental, el protocolo incluye criterios vinculados con el uso eficiente del agua, el manejo y conservación del suelo, el consumo de energía, la gestión de residuos y la aplicación de estrategias de manejo integrado de plagas.
La dimensión económica incorpora la necesidad de que las prácticas adoptadas puedan sostener la viabilidad de las empresas a lo largo del tiempo. La sustentabilidad, bajo este enfoque, no se limita a reducir el impacto ambiental, sino que también requiere que los establecimientos puedan mantener una actividad productiva económicamente viable.
El tercer componente está relacionado con la responsabilidad social. Allí aparecen aspectos como las condiciones laborales, la seguridad de los trabajadores y la equidad de género.
El modelo busca, de esta manera, evaluar el funcionamiento integral de una finca o bodega. La certificación no se otorga exclusivamente por una práctica determinada, sino a partir del cumplimiento de un conjunto de criterios establecidos en la guía.
Otro elemento central es la auditoría independiente. La validación no queda exclusivamente en manos de las empresas ni de la propia COVIAR. Actualmente existen siete organismos habilitados para realizar las auditorías y verificar el cumplimiento de los requisitos.
Entre las entidades autorizadas se encuentran IRAM, Bureau Veritas, Organización Internacional Agropecuaria (OIA), Letis, Foodsafety, Lenor Group y Ecocert.
La participación de organismos externos busca otorgar mayor credibilidad al sello y facilitar su utilización como respaldo frente a compradores nacionales e internacionales.
El programa sumó además un respaldo institucional del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La Dirección Nacional de Fiscalización del organismo aprobó y reglamentó formalmente el uso del sello.
La intervención del INV aporta el respaldo de una institución estatal especializada en la actividad vitivinícola y establece un marco formal para la utilización de la certificación en el sector.
En paralelo, COVIAR trabaja junto con la Cancillería argentina para avanzar en el reconocimiento del sello por parte de los principales monopolios importadores de vino.
Ese proceso es relevante porque la certificación busca convertirse en una herramienta comercial concreta. La intención no es que el sello funcione solamente como una identificación de prácticas responsables en la etiqueta, sino que pueda ser considerado por compradores internacionales al momento de seleccionar proveedores.
El desafío está relacionado con la creciente importancia de la trazabilidad y de la demostración objetiva de los compromisos ambientales y sociales. En mercados de mayor exigencia, las declaraciones de sustentabilidad deben estar acompañadas por mecanismos que permitan comprobar su cumplimiento.
Para las bodegas argentinas, disponer de una certificación reconocible puede simplificar parte de ese proceso y ofrecer un elemento común para comunicar sus prácticas productivas en distintos destinos.
Dentro del crecimiento territorial del programa aparece un dato de particular interés para la vitivinicultura patagónica: tres bodegas de la región ya cuentan con la certificación.
Se trata de Bodega Trina, ubicada en Río Negro; Nant y Fall, de Chubut; y Malma, de Neuquén.
La incorporación de estos establecimientos se produce mientras la Patagonia gana visibilidad como una zona productora de vinos asociada a climas fríos y a una identidad diferenciada dentro de la industria nacional.
Aunque las provincias patagónicas representan una proporción menor del volumen total de vino argentino frente a los grandes centros productores, sus bodegas han desarrollado una estrategia basada en características específicas de sus territorios, además de una creciente vinculación con el turismo y la gastronomía.
El sello de sustentabilidad agrega un nuevo atributo a esa construcción de identidad. Para bodegas que trabajan a una escala menor que los grandes grupos de Mendoza o San Juan, una certificación verificable puede ofrecer una vía adicional para diferenciarse en mercados donde el origen, las prácticas productivas y la trazabilidad tienen un peso creciente.
Según la información proporcionada por COVIAR, el sello ya aparece en etiquetas de vinos patagónicos destinados a mercados internacionales. Esto permite que la certificación pase de ser una herramienta de gestión interna a formar parte de la comunicación comercial del producto.
La estrategia adquiere particular relevancia para la Patagonia porque la región busca consolidar su presencia en segmentos de vinos de mayor valor agregado. La combinación entre origen, condiciones agroclimáticas, identidad territorial y prácticas sustentables puede funcionar como argumento de posicionamiento.
La evolución del sello muestra un crecimiento significativo en poco más de dos años. El programa pasó de 22 bodegas y 31 unidades productivas en su primera convocatoria a 26 bodegas y 53 fincas tras la segunda etapa.
El incremento de unidades productivas certificadas fue particularmente marcado. La cantidad de fincas incorporadas aumentó en más de 70% respecto de la primera convocatoria, mientras que el número de bodegas certificadas también se expandió.
La diferencia entre ambos indicadores responde a que una misma bodega puede contar con más de una unidad productiva alcanzada por la certificación. De este modo, el programa no solamente mide cuántas empresas participan, sino también cuántos establecimientos y superficies productivas incorporan los criterios de sustentabilidad.
La distribución geográfica es otro de los aspectos relevantes. El alcance sobre 14 provincias muestra que la herramienta no quedó limitada a los principales centros vitivinícolas.
El desafío para las próximas etapas será mantener el crecimiento y conseguir que el sello gane reconocimiento entre importadores, distribuidores y consumidores. La participación de organismos de certificación independientes y el respaldo del INV constituyen elementos destinados a fortalecer esa aceptación.
La eventual incorporación de nuevos mercados reconocidos podría aumentar el valor comercial de la certificación y generar incentivos para que más bodegas adopten los protocolos.
El desarrollo del sello está vinculado con uno de los objetivos centrales del Plan Estratégico Vitivinícola 2030 (PEVI): avanzar hacia una actividad sustentable en sus dimensiones ambiental, económica y social.
Desde esa perspectiva, la certificación busca establecer un mecanismo concreto para trasladar esos objetivos a las unidades productivas. La guía define prácticas, establece criterios de evaluación y permite una verificación externa.
El modelo también plantea una diferencia respecto de otros conceptos utilizados en el mercado. Un vino certificado como sustentable no necesariamente es un producto orgánico ni implica la ausencia absoluta de agroquímicos. La evaluación contempla un conjunto más amplio de prácticas y variables.
El manejo eficiente del agua es uno de los aspectos centrales, especialmente en regiones vitivinícolas donde el recurso constituye una limitante productiva. La gestión del suelo, la eficiencia energética y el tratamiento de residuos también forman parte de la evaluación.
En paralelo, las condiciones laborales y la seguridad de los trabajadores incorporan una dimensión social que amplía el concepto tradicional de sustentabilidad agrícola.
La posibilidad de demostrar el cumplimiento de estos criterios mediante una auditoría independiente apunta a generar confianza en la información que llega al consumidor o al comprador profesional.
La industria vitivinícola argentina enfrenta el desafío de mantener y ampliar su presencia internacional en un mercado competitivo. En ese contexto, los atributos asociados con la sustentabilidad pueden adquirir mayor relevancia en las decisiones de compra.
El sello impulsado por COVIAR busca responder a esa tendencia con una herramienta de alcance nacional. Su expansión a 14 provincias permite construir un estándar común para establecimientos con características productivas muy diferentes.
Para la Patagonia, la certificación representa además una oportunidad para profundizar una identidad vitivinícola propia. Las bodegas de Río Negro, Chubut y Neuquén que ya cuentan con el sello pueden utilizarlo junto con otros atributos vinculados con el territorio y el origen.
El crecimiento registrado desde 2024 muestra que existe interés por incorporar estas prácticas y someterlas a procesos de evaluación externa. La inversión de $44 millones destinada a la certificación de las 53 unidades productivas refleja, además, que detrás del sello existe un proceso que requiere asistencia técnica, implementación y auditoría.
La próxima etapa estará vinculada con la capacidad de convertir esa certificación en reconocimiento efectivo en los mercados de exportación. Para ello, COVIAR busca avanzar con la Cancillería en acuerdos que permitan que el sello sea identificado y valorado por compradores internacionales.
Si ese objetivo se consolida, la sustentabilidad podría pasar de ser un atributo complementario a convertirse en una herramienta de acceso y diferenciación comercial para el vino argentino.
Con 26 bodegas y 53 fincas certificadas, el programa ya construyó una base nacional. La incorporación de tres establecimientos patagónicos suma una dimensión regional a una estrategia que apunta a que el vino argentino pueda demostrar, además de su origen y características enológicas, cómo fue producido y bajo qué criterios ambientales, económicos y sociales.
En un mercado internacional donde la trazabilidad y la sustentabilidad ganan espacio, la certificación busca transformar esas exigencias en una oportunidad para la vitivinicultura argentina y, particularmente, para las bodegas que buscan posicionarse desde la diferenciación y el valor agregado.
