Soja: ROSARIO
$481 -100.97%
Maíz: ROSARIO
$267,50 -0.89%
Trigo: ROSARIO
$291,30 -99.59%
El Senado de la Nación avanzó esta semana con un proyecto para establecer un marco legal para los mercados de carbono en Argentina, luego de que tres iniciativas fueran unificadas en un dictamen de las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda. La propuesta, que todavía debe ser debatida en el recinto, despierta especial interés en el sector agropecuario porque podría convertir prácticas de conservación y captura de carbono en una nueva fuente de ingresos, en un mercado que, según estimaciones del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), podría movilizar miles de millones de dólares en inversiones y divisas. La información fue publicada por Bichos de Campo.
El avance legislativo coloca en primer plano una discusión que excede la cuestión ambiental: quién es dueño de los créditos de carbono generados en un campo y quién tiene derecho a comercializarlos.
El dictamen establece que los créditos son bienes patrimoniales diferenciados de la tierra, de los recursos naturales y de la actividad productiva. En los proyectos basados en la naturaleza, además, reconoce la titularidad de los propietarios de los establecimientos o de quienes hayan recibido contractualmente esos derechos. Para productores y entidades agropecuarias, esa definición resulta central porque busca evitar que los beneficios económicos derivados de proyectos desarrollados sobre tierras privadas queden exclusivamente bajo control estatal.
La discusión adquiere relevancia porque los mercados de carbono ya funcionan parcialmente en el país, principalmente mediante mecanismos voluntarios, aunque todavía no existe un marco nacional integral que ordene su funcionamiento.
En términos prácticos, un crédito de carbono representa una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente que fue evitada, reducida o removida respecto de una línea de base a partir de un proyecto certificado. Para que pueda ser comercializado, el resultado debe ser cuantificable, monitoreable, reportable y verificable.
La potencial expansión del mercado abre un nuevo capítulo para actividades como la agricultura regenerativa, la ganadería, la conservación de bosques y humedales y el manejo de suelos.
Un establecimiento puede desarrollar prácticas que incrementen la captura de carbono, eviten emisiones o permitan reemplazar fuentes convencionales de energía. Entre los proyectos posibles aparecen la conservación de bosques, la recuperación de suelos, modificaciones en el manejo ganadero y la generación de energía a partir de residuos.
Cuando esos resultados pueden ser demostrados mediante los mecanismos de certificación correspondientes, se genera un activo que puede comercializarse con empresas interesadas en compensar emisiones, cumplir compromisos climáticos o financiar proyectos de mitigación.
El Consejo Agroindustrial Argentino considera que una legislación con reglas claras permitiría ampliar considerablemente esa actividad. Según la entidad, Argentina ya cuenta con más de 40 proyectos en ejecución, concentrados casi exclusivamente en los mercados voluntarios. Sus estimaciones apuntan a una capacidad de generación de entre US$1.400 millones y US$3.900 millones anuales, además de inversiones territoriales superiores a US$2.000 millones en el mediano plazo.
El CAA también sostuvo que el nuevo marco podría duplicar la cantidad de desarrollos en el corto plazo y mejorar el precio obtenido por cada tonelada de dióxido de carbono equivalente certificada.
La entidad celebró el dictamen y consideró que representa un paso importante para consolidar el mercado. “Es un avance decisivo para consolidar la sostenibilidad, la previsibilidad y la competitividad del sector productivo nacional reconociendo el valor de los activos ambientales que genera nuestro país”, expresó el Consejo Agroindustrial Argentino, según consignó Bichos de Campo.
Uno de los artículos centrales del dictamen es el que define jurídicamente al crédito de carbono. El artículo 4 establece que se trata de un bien inmaterial de carácter patrimonial, con identidad jurídica y económica propia y diferenciado del inmueble, del recurso natural y de la actividad que le da origen.
La norma también introduce una distinción entre titularidad registral y propiedad económica. El hecho de que un crédito figure registrado a nombre de determinada persona no significa necesariamente que esa persona sea su beneficiaria económica final. Esa cuestión queda vinculada con los contratos y acuerdos de cesión celebrados entre quienes poseen los derechos necesarios para desarrollar el proyecto.
Para los proyectos basados en la naturaleza, el artículo 17 avanza un paso más. Allí se reconoce que los créditos corresponden a los titulares de la tierra o a quienes estos hayan cedido sus derechos.
Las provincias mantienen competencias sobre los recursos naturales y pueden implementar programas jurisdiccionales de mitigación. Sin embargo, el texto incorpora condiciones para los propietarios cuyos establecimientos sean incluidos en esos programas: consentimiento informado, derecho a retirarse y posibilidad de desarrollar e inscribir proyectos individuales sobre sus inmuebles.
El planteo tiene especial importancia para el campo porque buena parte de las capturas de carbono vinculadas con sistemas productivos depende de decisiones tomadas directamente por los propietarios o administradores de los establecimientos.
Eso alcanza desde la conservación de montes y pastizales hasta cambios en el manejo de los rodeos y sistemas agrícolas que busquen aumentar el carbono almacenado en los suelos.
El proyecto, sin embargo, no implica que cada tonelada de carbono existente en un establecimiento se convierta automáticamente en un activo comercial. Para que exista un crédito deben cumplirse condiciones técnicas y metodológicas específicas, además de los procesos de certificación correspondientes.
Otro componente relevante de la iniciativa es la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe).
La herramienta funcionaría como una plataforma digital pública y gratuita para registrar los proyectos de créditos de carbono desarrollados en Argentina. Su objetivo sería aportar trazabilidad y permitir identificar los proyectos, las unidades emitidas y su destino.
El registro tendría carácter declarativo y no funcionaría, como regla general, como una autorización administrativa previa para comercializar créditos en los mercados nacionales o internacionales. La excepción alcanzaría aquellos casos en los que el proyecto requiera una autorización específica.
Esta diferencia entre registrar y autorizar es uno de los puntos valorados por el sector privado. Para el agro, un sistema que permita controlar el origen y destino de los créditos resulta necesario para evitar problemas como el doble conteo, pero no debería transformarse en una nueva barrera burocrática.
El dictamen también contempla una estabilidad fiscal durante diez años para los proyectos registrados en el ReNaRe. El beneficio alcanzaría a los tributos nacionales. Además, las transferencias internacionales de créditos de carbono reguladas por la futura ley quedarían exentas de derechos de exportación, con una alícuota del cero por ciento.
La posibilidad de generar ingresos por carbono no depende únicamente de aprobar una ley. También será determinante la capacidad de Argentina para demostrar que sus créditos cumplen con estándares reconocidos internacionalmente.
En ese sentido, el Consejo Agroindustrial Argentino reclamó que el país avance con la actualización de su agenda climática y presente ante Naciones Unidas la NDC 3.0, es decir, su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional dentro del Acuerdo de París.
Para el sector, contar con un inventario nacional de gases de efecto invernadero y objetivos transparentes es importante para otorgar mayor respaldo internacional a las certificaciones argentinas.
La cuestión adquiere relevancia porque los mercados de carbono están divididos entre mecanismos voluntarios y regulados. En el primer caso, las empresas adquieren créditos para compensar emisiones o cumplir objetivos ambientales propios. En los mercados regulados, en cambio, los créditos pueden utilizarse para satisfacer obligaciones climáticas establecidas por gobiernos o mecanismos internacionales.
Para el agro argentino, el desafío será transformar una oportunidad ambiental en un negocio sostenible. Eso requiere proyectos técnicamente sólidos, sistemas de medición confiables, certificaciones reconocidas y compradores dispuestos a pagar por los créditos.
También existen costos. El desarrollo de un proyecto puede demandar inversiones en medición, monitoreo, certificación y seguimiento durante varios años. Además, conceptos como la adicionalidad, permanencia y trazabilidad resultan determinantes para establecer si una reducción o captura de emisiones puede convertirse efectivamente en un crédito comercializable.
Por eso, la futura ley no garantizaría por sí misma un ingreso adicional para todos los productores. Su función principal sería establecer las reglas bajo las cuales esos activos ambientales puedan reconocerse, registrarse y comercializarse.
El dictamen representa, en ese sentido, un primer paso para formalizar un mercado que ya tiene proyectos en funcionamiento. Para el sector agroindustrial, la expectativa está puesta en que el Congreso consiga aprobar un marco que otorgue seguridad jurídica, previsibilidad fiscal y reconocimiento económico a las prácticas ambientales, sin generar nuevas restricciones sobre la producción.
El debate que ahora deberá afrontar el Senado tendrá además un componente federal. Las provincias conservarán sus competencias sobre los recursos naturales, pero los productores buscan que esa potestad no implique perder los derechos económicos derivados de proyectos desarrollados sobre sus propias tierras.
Si el proyecto logra avanzar, Argentina podría contar con una estructura nacional para ordenar un mercado que combina producción agropecuaria, conservación ambiental y financiamiento climático. El objetivo del sector es que ese nuevo negocio no quede limitado a grandes desarrolladores, sino que también pueda convertirse en una herramienta para que productores incorporen prácticas sostenibles y obtengan una compensación económica por resultados ambientales verificables.
El mercado de carbono, por lo tanto, dejó de ser una discusión exclusivamente ambiental. Con el dictamen del Senado, comenzó a ocupar un lugar dentro de la agenda económica del agro y abrió una nueva disputa sobre cómo se distribuye el valor de los recursos y servicios ambientales generados en el territorio argentino.
