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El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de una nueva Ley de Biocombustibles y abrió una nueva etapa para la industria vinculada a la producción de bioetanol y biodiésel. La iniciativa, aprobada el jueves 17 de septiembre, establece mayores porcentajes de mezcla obligatoria con combustibles fósiles y un esquema de libre competencia para la provisión de insumos. La medida fue recibida con expectativas por entidades de la agroindustria, que proyectan inversiones superiores a US$ 1.000 millones durante los próximos años y aguardan ahora el tratamiento en la Cámara de Diputados.
La propuesta busca modificar el marco regulatorio vigente para impulsar el agregado de valor de las materias primas agropecuarias, ampliar la producción de energías renovables y generar condiciones de mayor previsibilidad para las empresas del sector. Entre las organizaciones que expresaron su respaldo se encuentran la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), segun indico TNCAmpo
Uno de los principales cambios previstos está relacionado con los porcentajes de biocombustibles que deberán incorporarse a los combustibles comercializados en el mercado interno. El proyecto contempla llevar progresivamente el corte de bioetanol al 15% en las naftas, mientras que el biodiésel alcanzaría una participación del 10% en el gasoil.
El incremento de los cortes tendría impacto directo sobre distintas cadenas productivas. Entre las principales beneficiadas aparecen las vinculadas con la soja, el maíz y la caña de azúcar, materias primas fundamentales para la elaboración de biodiésel y bioetanol.
Para el sector agroindustrial, la existencia de una demanda interna más estable permitiría otorgar mayor previsibilidad a productores e industrias y favorecería la ampliación de los volúmenes destinados al procesamiento. El objetivo es que una mayor utilización de materias primas nacionales se traduzca en más actividad industrial dentro del país.
El proyecto también incorpora un componente ambiental. El aumento de la participación de biocombustibles en el transporte apunta a reducir las emisiones contaminantes y avanzar en la descarbonización del transporte terrestre, en línea con los objetivos internacionales vinculados con la transición energética.
Otro de los puntos destacados por las entidades empresarias es el establecimiento de un esquema de libre competencia en la provisión de insumos. Desde CIARA señalaron que este mecanismo podría favorecer condiciones de mayor eficiencia dentro del mercado y trasladar parte de esos beneficios a los consumidores.
A su vez, la sustitución parcial de combustibles fósiles importados mediante producción nacional de biocombustibles aparece como otro de los argumentos económicos detrás de la iniciativa. El mayor uso de recursos renovables producidos localmente permitiría reducir la necesidad de importar combustibles y, por esa vía, generar un ahorro de divisas para la economía argentina.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por la agroindustria después de la aprobación en el Senado está relacionado con el impacto potencial de la nueva regulación sobre las inversiones.
De acuerdo con las estimaciones mencionadas por el sector privado, la implementación del nuevo marco podría movilizar más de US$ 1.000 millones en los próximos años. Los recursos estarían destinados, principalmente, a ampliar la capacidad instalada de las plantas procesadoras, incorporar tecnología, mejorar infraestructura logística y desarrollar proyectos relacionados con energías limpias.
El impacto esperado no se limitaría a las plantas industriales. La expansión de la actividad podría generar puestos de trabajo directos e indirectos, especialmente en regiones del interior vinculadas con la producción de materias primas y el procesamiento industrial.
En ese sentido, el presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, Gustavo Idígoras, destacó el alcance que el sector atribuye al proyecto. Según la declaración consignada por TN, el dirigente sostuvo que la aprobación del marco regulatorio supone apostar por el federalismo, la reducción de la huella de carbono y la generación de empleos de calidad, además de contribuir a ofrecer precios competitivos en el mercado interno.
La dimensión federal constituye uno de los ejes centrales de las expectativas empresarias. Una mayor demanda de bioetanol y biodiésel podría fortalecer actividades industriales ubicadas fuera de los grandes centros urbanos y aumentar el procesamiento local de materias primas producidas en distintas provincias.
Para la agroindustria, el desafío consiste ahora en transformar la modificación regulatoria en proyectos concretos. Las inversiones dependerán de la implementación efectiva del nuevo esquema, de las condiciones del mercado energético y de la capacidad de las empresas para ampliar sus instalaciones y adaptar sus procesos productivos.
Aunque el Senado aprobó el proyecto, la iniciativa todavía no se convirtió en ley. El texto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo.
El proyecto establece además un esquema temporal que contempla la entrada en plena vigencia del nuevo régimen a partir de 2027. Ese plazo busca otorgar a las empresas un período para planificar inversiones, ampliar capacidad productiva y realizar las adecuaciones necesarias para responder a las nuevas exigencias.
Por ese motivo, la próxima instancia parlamentaria concentra la atención de las cámaras empresarias y de los distintos actores de la cadena de biocombustibles. La aprobación definitiva determinará si las modificaciones previstas pueden comenzar a implementarse bajo el cronograma planteado.
El tratamiento legislativo también será relevante para las provincias productoras de maíz, soja y caña de azúcar, dado que una mayor demanda de biocombustibles podría modificar los destinos de esas materias primas y profundizar su procesamiento dentro del territorio nacional.
Mientras el proyecto avanza en el Congreso, las entidades de la agroindustria mantienen sus expectativas sobre el impacto económico del nuevo marco. La posibilidad de movilizar inversiones por más de US$ 1.000 millones, ampliar la producción de energías renovables, sustituir parte de las importaciones de combustibles y generar actividad industrial en distintas regiones constituye el principal eje de las proyecciones difundidas tras la media sanción.
La discusión, sin embargo, todavía tiene una instancia parlamentaria pendiente. La Cámara de Diputados deberá definir el futuro del proyecto, mientras que las empresas del sector esperan que las nuevas reglas permitan comenzar a ejecutar inversiones y ampliar la producción a partir de 2027.
