El corte de biodiésel abrió una disputa entre las pequeñas y medianas empresas elaboradoras y la industria aceitera durante el debate de la nueva ley de biocombustibles en la Cámara de Diputados, el martes 20 de octubre de 2026. Según publicó LA NACION, las pymes pidieron elevar la mezcla obligatoria al 12% o al 12,5%, mientras la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) reclamó aprobar sin cambios el texto que recibió media sanción del Senado.
La discusión gira en torno a cómo se distribuirá el mercado del biodiésel, qué participación conservarán las empresas no integradas y qué condiciones tendrán para invertir durante la transición hacia el nuevo régimen.
El proyecto obtuvo 41 votos afirmativos y 25 negativos en el Senado. Entre sus principales cambios, contempla elevar, a los doce meses de sancionada la ley, la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y la de bioetanol en las naftas del 12% al 15%.
La posición de las aceiteras
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), defendió el acuerdo alcanzado en el Senado. Sostuvo que el texto incluye mecanismos de protección para las empresas que abastecen el mercado interno y plazos para que puedan adaptarse.
“La media sanción contiene la protección de las empresas no integradas y pymes que negociaron los senadores. Y les otorgan facilidades y plazos de 10 años para invertir y crecer”, afirmó.
El dirigente también reclamó avanzar con el tratamiento legislativo. “Es clave sacar la ley ahora en Diputados, si no vamos a perder el tren del mundo que hoy apuesta a biocombustibles competitivos”.
Desde esa perspectiva, la reforma permitiría fortalecer una actividad vinculada con la industrialización de la soja y el maíz, la generación de empleo y el desarrollo de combustibles alternativos a los derivados del petróleo.
Por qué las pymes piden aumentar el corte
Federico Martelli, representante de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), cuestionó que exista consenso sobre el capítulo referido al biodiésel.
Según expuso, las empresas representadas por la entidad, radicadas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, producen alrededor del 65% del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria. El sector abastece unas 900.000 toneladas anuales y reúne a 25 pymes de cinco provincias, con 1.500 empleos directos y 8.000 indirectos.
“Modernizar el régimen no es mandar a la quiebra 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras”, sostuvo Martelli.
La propuesta de elevar el corte al 12% o al 12,5% apunta a ampliar la demanda interna y reducir el riesgo de que las empresas de menor escala pierdan participación.
Cómo sería la transición
El texto aprobado por el Senado establece una reserva inicial de 6,5 puntos porcentuales para las empresas no integradas cuando el corte alcance el 10%. Esa proporción bajaría a 5,5 puntos en 2029, a cinco en 2030 y a cuatro desde 2031 hasta el final de la transición, previsto para enero de 2036.
La Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba), presidida por Axel Boerr, también planteó modificaciones. Entre ellas, propuso límites porcentuales a la participación de empresas y grupos económicos, además de dar prioridad a las firmas no integradas para cubrir volúmenes faltantes cuando tengan capacidad disponible.
Por su parte, Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, cuestionó algunos aspectos de la regulación y las facultades de la autoridad de aplicación. Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), respaldó la aprobación, aunque pidió mejoras para las empresas no integradas.
Al 20 de octubre de 2026, el debate en Diputados continuaba abierto. La posibilidad de obtener dictamen durante la semana del 26 de octubre era una expectativa legislativa, no un resultado confirmado.
