El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acordó en las últimas horas una estrategia legislativa conjunta con el bloque bonaerense del PRO para impulsar un régimen de Compre Bonaerense que evite el cierre de diez plantas regionales de biodiésel, a raíz del avance de la reforma del régimen de biocombustibles que promueve el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el Congreso Nacional. La iniciativa busca preservar la actividad industrial y los puestos de trabajo en el territorio provincial mediante incentivos fiscales y acuerdos de abastecimiento prioritario con las refinerías instaladas en el distrito, en el marco de un proyecto nacional impulsado por la gestión de La Libertad Avanza que ya cuenta con media sanción del Senado.
El plan del Ejecutivo bonaerense apunta a articular medidas de protección industrial orientadas a que las refinerías ubicadas en La Plata, Campana, Dock Sud y Bahía Blanca otorguen prioridad de compra al biodiésel elaborado por las industrias locales. Según estimaciones del sector, esta política permitiría disputar un volumen de 500 mil toneladas anuales de combustible mediante beneficios en materia impositiva y la firma de contratos de abastecimiento a término. Fuentes con conocimiento de la negociación señalaron a La Política Online que la totalidad del combustible implicado en el proceso se refina y consume dentro de la propia geografía bonaerense, donde funcionan las diez plantas que quedarían desplazadas del mercado con la aprobación del marco regulatorio nacional.
La resistencia al proyecto articuló un consenso político entre sectores del kirchnerismo y la bancada opositora. El presidente del bloque de senadores provinciales del PRO, Pablo Petrecca, presentó un proyecto de declaración con el fin de solicitar al Gobierno nacional mecanismos de resguardo para la producción local, períodos de transición y herramientas de competitividad. Esta coincidencia legislativa comenzó a extenderse a otras jurisdicciones afectadas, como La Pampa y San Luis. De forma paralela, el diputado pampeano del PRO, Martín Ardohain, exigió la intervención de la comisión de Agroindustria de la Cámara baja en el tratamiento del texto normativo.
El foco del conflicto radica en el esquema de distribución del mercado interno que plantea la reforma. De acuerdo con las proyecciones elaboradas por la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), si bien la propuesta incrementa la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, reduce en forma paulatina el cupo asignado a las industrias no integradas hasta fijarlo en un 4% para el año 2031, con previsión de eliminarlo hacia 2036. En contraste, la entidad advierte que la normativa otorga un esquema de mayor estabilidad al bioetanol destinado a las naftas, al elevar su porcentaje de integración del 12% al 15% y sostener la reserva del segmento para la caña de azúcar y el maíz a lo largo de toda la vigencia de la norma.
"No podemos aceptar que para mejorar la situación de las provincias que hacen bioetanol empeoremos la situación de las que hacen biodiésel condenando a la quiebra a sus pymes", afirmó Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB, en declaraciones a La Política Online. El dirigente remarcó que las pequeñas y medianas empresas radicadas en Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Entre Ríos concentran el 65% de la producción nacional de biodiésel, al tiempo que advirtió sobre la falta de consensos federales al sostener: "La Libertad Avanza puede tener mayoría, pero consenso no", según consignó al mismo medio.
El avance de la iniciativa provocó fracturas en la Liga Bioenergética, el espacio institucional que agrupaba a ocho provincias para coordinar políticas públicas sobre el sector. Las pequeñas fábricas advierten que el nuevo texto genera distorsiones competitivas que favorecen a las provincias del Noroeste Argentino (NOA) mediante el cupo del bioetanol, así como a las jurisdicciones de Santa Fe y Córdoba por la habilitación otorgada a las grandes firmas agroexportadoras para ingresar al mercado doméstico.
Esta apertura comercial beneficia de manera directa a seis grandes conglomerados aceiteros del polo industrial de Rosario, firmas que elaboran su propia materia prima y pasarían a competir con las empresas a las que abastecen. Hasta la fecha, las compañías exportadoras tenían vedada la comercialización dentro del territorio nacional y mantenían sus operaciones restringidas al comercio exterior. La gremial empresarial remarca que el aceite de soja constituye la materia prima crítica de la actividad al explicar el 80% de los costos de producción, lo que deja en desventaja a las plantas regionales debido a los gastos adicionales de flete y escala.
Frente a este escenario, la cámara empresarial elevó una propuesta alternativa que contempla elevar el corte de biodiésel al 12,5%, reservando cinco puntos para las pymes regionales, 2,5 puntos para las empresas no integradas del Gran Rosario y un 5% libre mercado. De acuerdo con los cálculos del sector, si la cuota protegida cae al 4%, la oferta disponible para las pymes se reducirá de 902.700 a 481.440 toneladas anuales, lo que provocaría el cierre de 14 de las 25 plantas operativas en el país, afectando a nueve establecimientos bonaerenses.
