La plataforma VISEC quedó en el centro de un nuevo cuestionamiento del sector agropecuario argentino. La Red Nacional de Productores Autoconvocados difundió un comunicado en el que rechazó el sistema de trazabilidad y certificación vinculado con las exportaciones de soja y carne vacuna a la Unión Europea, y advirtió sobre sus posibles consecuencias comerciales.
El documento, titulado “Basta de kioscos”, reunió adhesiones de productores y agrupaciones de distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chaco, Salta y Río Negro. En el texto, los firmantes calificaron a VISEC como “un kiosco de la casta corporativa y la agenda colectivista europea”.
El cuestionamiento se concentra en los mecanismos de control, la información que deben aportar los establecimientos productivos y la posibilidad de que la falta de adhesión al sistema genere restricciones o descuentos en las operaciones comerciales.
La plataforma permite acreditar que la soja y la carne vacuna exportadas a la Unión Europea provienen de campos libres de deforestación, en línea con las exigencias del Reglamento 2023/1115 del bloque europeo.
Los productores autoconvocados sostienen que el sistema incorpora procedimientos privados que, a su entender, se superponen con registros oficiales existentes en la Argentina. En ese sentido, señalaron: “Ya existen registros oficiales. Trazabilidad, caravaneo y catastro. Duplicarlos con una capa privada es un trámite superpuesto”.
También cuestionaron que los productores deban aportar información operativa, datos de trazabilidad y geolocalización como condición para comercializar su producción. El comunicado plantea objeciones sobre la propiedad y el uso de esos datos: “Tu tierra es tu propiedad; tus datos son tu propiedad”.
Otro de los puntos de conflicto es la eventual aplicación de descuentos en el precio a productores que no se incorporen al sistema. Sobre ese escenario, el documento advierte: “Si los frigoríficos descuentan a quien no adhiere. No hay acuerdo entre partes libres. Es una imposición coordinada por quienes compran”.
Los firmantes consideran que ese mecanismo podría afectar las condiciones de negociación entre productores y compradores. Además, cuestionan que se exija demostrar el cumplimiento de determinados requisitos antes de concretar una operación comercial. “En un país libre se presume que el productor actúa legalmente, y quien acusa prueba. El Visec obliga a demostrar inocencia antes de vender”, expresaron.
La discusión también involucra a distintas organizaciones del sector. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) cuestionó la posibilidad de que se apliquen descuentos comerciales por no adherir al sistema y evaluó eventuales acciones vinculadas con la normativa de defensa de la competencia.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) también manifestaron preocupaciones sobre aspectos del funcionamiento de la plataforma, aunque con posiciones y enfoques propios.
La controversia se desarrolla en un contexto de debate sobre cómo responder a las exigencias ambientales y de trazabilidad de los mercados internacionales. Los productores autoconvocados sostuvieron que “La Argentina no debe adaptar su sistema productivo a una norma europea que está mostrando su fracaso en la misma Europa” y reclamaron que “Cumplir la ley nacional y respetar los contratos es el único requisito para comerciar”.
Por su parte, VISEC presenta la iniciativa como una plataforma colaborativa de información y trazabilidad desarrollada con participación de entidades agropecuarias, cámaras, organizaciones de la sociedad civil y bolsas de comercio. Según la explicación difundida por el sistema, su objetivo es facilitar el cumplimiento de los requisitos europeos y contribuir a preservar el acceso de las exportaciones argentinas a ese mercado.
La plataforma también sostuvo que la participación de productores agrícolas y ganaderos es voluntaria y gratuita, y que utiliza información de acceso público. La normativa europea, en cambio, establece requisitos que alcanzan a los proveedores que comercializan los productos comprendidos en su regulación.
El debate plantea así dos cuestiones diferentes: por un lado, la necesidad de cumplir las condiciones exigidas por los mercados de destino; por otro, quién administra los mecanismos de certificación, qué información deben entregar los productores y bajo qué condiciones se vincula esa participación con la comercialización.
