Por Agroempresario.com
A pesar de las divisiones entre los sectores involucrados, el gobierno de Mendoza ha tomado una decisión definitiva. En la tierra del sol y el buen vino, una tormenta se avecina debido a la eliminación del sistema de aviones de lucha antigranizo. En su lugar, se implementarán créditos para mallas plásticas y un seguro de riesgo, una medida que ha generado controversia entre los productores.
Los viñateros y agricultores consultados por LA NACION expresaron diversas preocupaciones. Mientras algunos argumentan que ambas opciones deberían coexistir para una mayor protección, otros temen por la efectividad y el costo de las nuevas medidas. Según ellos, esta decisión podría dejarlos más desprotegidos frente a las inclemencias climáticas extremas.
El gobierno provincial justifica el cambio citando la falta de eficacia del sistema anterior, que implicaba un alto costo operativo para la empresa estatal Aemsa. El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, aseguró que la inversión ahora se dirigirá directamente a los productores, aunque persisten dudas sobre la capacidad y el tiempo necesario para implementar las mallas de protección, dado que actualmente solo el 15% de los cultivos de la provincia están cubiertos.
La decisión de poner fin al sistema de aviones antigranizo, que ha estado en funcionamiento durante más de 40 años, ha despertado inquietud entre los productores. Temen las consecuencias de no contar con una protección adecuada, especialmente frente a granizadas que podrían causar daños totales a sus cultivos.
Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), destacó que aunque el sistema de aviones no es perfecto, ha demostrado eficacia en algunas regiones de la provincia. Sin embargo, reconoce que las mallas antigranizo son una opción efectiva aunque costosa, lo cual representa un desafío para muchos productores.
En medio de la crisis económica, la inversión necesaria para cubrir los cultivos con mallas plásticas es significativa. Por ejemplo, proteger 10,000 hectáreas costaría 65,000 millones de pesos, frente a los 10,000 millones que costaba mantener el sistema de aviones.
La discusión también involucra aspectos técnicos y científicos. Mientras algunos informes locales cuestionan la efectividad de los aviones antigranizo, otros estudios respaldan su contribución en la mitigación de daños. La controversia persiste sobre cuál método proporciona una protección más confiable y económica para los productores mendocinos.
