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Por Agroempresario.com
El sector agropecuario argentino enfrenta nuevamente una disyuntiva entre producción y regulación, una tensión recurrente en provincias agrícolas como La Pampa. En una nota publicada en La Nación, Ernesto Viglizzo, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, analiza los efectos de la Ley 3288, sancionada en 2020, que establece estrictas normativas sobre el uso de fitosanitarios. Para Viglizzo, estas disposiciones no solo dificultan la actividad productiva, sino que evidencian un patrón ideológico que prioriza el control estatal sobre la eficiencia y el dinamismo del sector.
La ley, compuesta por 68 artículos, introduce un marco de regulación que, según el autor, más que ordenar, "intenta disciplinar a un sector productivo con regulaciones, prohibiciones y acciones punitivas". Entre sus disposiciones, obliga a los fabricantes, distribuidores, transportistas y aplicadores a registrarse en padrones estatales y someterse a controles exhaustivos. Además, cada operación de campo requiere recetas técnicas, facturas y remitos, sometiendo al sector a una burocracia que Viglizzo describe como "indigerible".
Una de las medidas más controvertidas es la imposición de franjas de exclusión para la aplicación de plaguicidas: 500 metros para aplicaciones terrestres y 3000 para aéreas. "Estos criterios no tienen fundamento técnico", señala el autor en su artículo, argumentando que factores como la velocidad del viento y el tamaño de las gotas son los que determinan la deriva de los productos. Asimismo, cuestiona si los agentes estatales cuentan con la capacidad técnica para supervisar procesos tan complejos.
El autor también pone en tela de juicio las denuncias ambientalistas que asocian el uso de fitosanitarios con enfermedades graves como el cáncer. Basándose en estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer, Viglizzo observa que provincias sin actividad agrícola, como Santa Cruz y Chubut, tienen índices de mortalidad por cáncer superiores a aquellos con alta producción agropecuaria. "Si las enfermedades graves responden a causas multifactoriales, ¿cómo se puede responsabilizar exclusivamente al campo?", reflexiona.
En este contexto, Viglizzo propone una solución práctica: delegar la supervisión del uso de fitosanitarios a profesionales capacitados en agronomía, prescindiendo de la intervención estatal. Esta medida, afirma, permitiría reducir costos y tiempos, liberando al sector de "ideologías paralizantes" y fomentando la producción.
El análisis de Viglizzo pone de relieve una problemática que no solo afecta al campo pampeano, sino a toda la economía nacional. Con el sector agropecuario como principal generador de divisas, resulta crucial encontrar un equilibrio entre regulaciones razonables y la libertad de producción. "Es hora de permitir que la rueda de la producción gire libremente", concluye el autor en su columna publicada en La Nación.
