El Gobierno nacional incrementó en marzo la deuda flotante en cerca de $2 billones, al alcanzar un total de $4.044.758 millones en obligaciones pendientes de pago, según datos oficiales de la Tesorería General. La suba se produjo en paralelo a un superávit primario de $930.284 millones y un resultado financiero positivo de $484.789 millones, en una estrategia que apunta a sostener el equilibrio fiscal en un contexto de menor recaudación y desaceleración económica.
El dato refleja que el Estado contabilizó gastos ya realizados pero no cancelados, una práctica habitual del Tesoro que suele intensificarse en marzo por factores estacionales. Sin embargo, el volumen registrado este año generó interrogantes entre economistas, quienes advierten que la disciplina fiscal podría requerir un esfuerzo creciente por parte del equipo económico que encabeza Luis Caputo.
De acuerdo con el informe oficial, el pasivo exigible de la administración central casi se triplicó respecto de febrero, cuando había cerrado en $1.950.414 millones. La magnitud del salto llamó la atención incluso entre analistas que reconocen patrones similares en años anteriores.
Especialistas coinciden en que marzo suele ser un mes de expansión de la deuda flotante, con una posterior corrección en abril. En 2025, por ejemplo, el incremento de los pagos pendientes se revirtió en el mes siguiente, permitiendo sostener el superávit fiscal. Por ese motivo, consideran prematuro extraer conclusiones definitivas hasta contar con los próximos datos.
La deuda flotante representa compromisos ciertos del Estado aún no cancelados. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, incluye tanto obligaciones dentro de su plazo como pagos ya vencidos. “La acumulación excesiva de pagos atrasados genera consecuencias negativas para las operaciones del gobierno y para el funcionamiento de la economía”, advierte el organismo en sus informes técnicos.
Aunque estos datos ofrecen una señal relevante sobre la dinámica fiscal, no tienen una correspondencia directa con el resultado del sector público no financiero, ya que abarcan únicamente a la administración nacional. Aun así, permiten inferir que durante marzo se postergaron pagos de magnitud considerable para sostener el resultado en base caja.
El incremento de la deuda flotante se dio en un contexto de mayor visibilidad de conflictos vinculados a atrasos en pagos estatales, como el caso de empresas de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires y proveedores del sistema de salud. Estos episodios expusieron tensiones derivadas de la administración de los recursos públicos.
Entre los rubros que más incidieron en la suba se destacan bienes y servicios y transferencias. Los compromisos por bienes y servicios pasaron de $53.293 millones en febrero a $314.966 millones en marzo, mientras que las transferencias crecieron de $885.236 millones a $1.658.142 millones. En conjunto, estos dos componentes explicaron la mayor parte del aumento mensual.
También se registraron incrementos en otras partidas. Los gastos en personal alcanzaron los $428.140 millones, frente a los $358.869 millones del mes anterior. En bienes de uso, la cifra subió de $11.407 millones a $50.319 millones. La adquisición de títulos y valores mostró un salto significativo, al pasar de $1.837 millones a $43.379 millones.
Por su parte, los denominados gastos figurativos —transferencias internas dentro del sector público— tuvieron una expansión marcada: de $347.731 millones en febrero a $1.266.483 millones en marzo. En contraste, las aplicaciones financieras se mantuvieron estables en torno a los $39.560 millones.
El economista Salvador Vitelli señaló que, si bien el crecimiento mensual fue cercano al 100%, es necesario analizar el fenómeno en términos desestacionalizados. Según sus estimaciones, la variación mensual ajustada fue del 28,3%, mientras que en términos interanuales el aumento alcanzó el 13,5%.
Desde el sector privado también surgieron advertencias sobre el impacto potencial de esta dinámica. Algunas fuentes del mercado interpretan que el diferimiento de pagos permitió sostener el resultado positivo en marzo, aunque podría implicar presiones futuras sobre las cuentas públicas.
En esa línea, el economista Claudio Caprarulo consideró que, si bien la deuda flotante aún se ubica por debajo del límite acordado con el Fondo Monetario Internacional —cercano a los $8 billones—, su crecimiento refleja los desafíos estructurales que enfrenta la política fiscal en un contexto de menor actividad económica.
El Gobierno, por su parte, mantiene como objetivo central el equilibrio fiscal, uno de los pilares de su programa económico. La estrategia combina contención del gasto, administración de pagos y control de la emisión monetaria, en busca de consolidar la desaceleración inflacionaria.
No obstante, el comportamiento de la deuda flotante introduce un elemento de seguimiento clave para los próximos meses. Si el incremento de marzo responde a factores estacionales, podría revertirse en abril sin mayores consecuencias. En cambio, si se consolida como tendencia, podría evidenciar tensiones más profundas en la gestión fiscal.
Los analistas coinciden en que el dato del próximo mes será determinante para evaluar la sostenibilidad de la estrategia oficial. Mientras tanto, el aumento de los pagos pendientes se instala como uno de los principales focos de atención en el frente económico.
