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El Gobierno nacional impulsa en el Senado un proyecto de ley para elevar al 15% el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil comercializado en el país, con el objetivo de reducir importaciones energéticas, disminuir la salida de divisas y fortalecer la producción agroindustrial local. La iniciativa recibió el respaldo de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), que destacaron la capacidad instalada del sector y el potencial del biodiésel como herramienta para aliviar costos energéticos y agregar valor a la producción nacional.
La propuesta legislativa llegó a la Cámara alta en medio de un escenario internacional marcado por la volatilidad del mercado de combustibles fósiles y la presión sobre las reservas del Banco Central. El proyecto busca modificar el marco regulatorio vigente para ampliar la participación de empresas productoras y promover un esquema más competitivo dentro del sector de biocombustibles, informo TNCampo.
Desde la industria aceitera sostienen que la Argentina cuenta con capacidad suficiente para abastecer el mercado interno con biodiésel elaborado localmente, especialmente a partir de la soja, principal materia prima utilizada en la producción del combustible renovable.
El presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, defendió la iniciativa y advirtió sobre el impacto económico que genera la importación de gasoil. “No podemos seguir esperando en la economía argentina a seguir pagando sobrecostos innecesarios y además no sustituir importaciones de gasoil que le cuestan a la Argentina más de US$700 millones”, afirmó el dirigente empresario al respaldar el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
Gustavo Idígoras, presidente de CIARA y CEC. (Foto: X idea_arg).
Actualmente, el sistema argentino establece porcentajes obligatorios de mezcla de biocombustibles con combustibles fósiles. La nueva propuesta apunta a incrementar esa participación hasta alcanzar niveles similares a los de otros países de la región, especialmente Brasil, que se consolidó como uno de los referentes mundiales en el uso de energías renovables aplicadas al transporte.
Uno de los argumentos centrales utilizados por la industria para apoyar el proyecto es la experiencia brasileña. Según explicó Idígoras, el país vecino ya opera con mezclas del 15% de biodiésel sin registrar problemas técnicos en motores ni en el funcionamiento del parque automotor.
“Brasil está utilizando 15% de biodiésel y no tiene ningún inconveniente en materia de motores”, señaló el titular de CIARA-CEC. También recordó que existen actualmente 58 países que utilizan mezclas iguales o superiores a ese porcentaje.
La referencia regional aparece como uno de los principales argumentos dentro de un debate que históricamente dividió posiciones entre empresas petroleras, productores agroindustriales y sectores vinculados al transporte.
Para la cadena aceitera, ampliar el uso de biodiésel permitiría aprovechar infraestructura industrial ya instalada, reducir la dependencia energética y generar nuevos ingresos para las economías regionales vinculadas a la producción de soja y derivados.
El sector sostiene además que el incremento del corte obligatorio podría traducirse en menores costos para el país al reemplazar parte del gasoil importado por producción nacional. Según estimaciones privadas, el ahorro potencial superaría los 700 millones de dólares anuales.
La discusión sobre los biocombustibles vuelve a instalarse en un momento de fuerte presión sobre el mercado energético global. El aumento del precio internacional del petróleo y las tensiones geopolíticas generaron un incremento sostenido en el costo de los combustibles fósiles, con impacto directo sobre la inflación y los costos logísticos.
Desde CIARA-CEC vincularon el aumento del gasoil con parte de la suba registrada en el Índice de Precios Mayoristas durante los últimos meses. “El mundo atraviesa una crisis de combustibles fósiles”, sostuvo Idígoras al describir el escenario energético internacional.
La agroindustria considera que el biodiésel puede convertirse en una herramienta estratégica para reducir vulnerabilidades externas y fortalecer la seguridad energética nacional. En paralelo, el sector remarca que el país posee ventajas competitivas para producir combustibles renovables a gran escala gracias a su liderazgo en soja y capacidad industrial aceitera.
La Argentina figura entre los principales exportadores mundiales de aceite y harina de soja, aunque gran parte de la capacidad instalada de biodiésel permanece subutilizada debido a cambios regulatorios y restricciones del mercado interno registrados durante los últimos años.
El proyecto impulsado por el Gobierno también busca abrir el mercado a una mayor cantidad de empresas con infraestructura disponible, lo que podría incrementar la oferta y fomentar mayor competencia dentro del sistema de abastecimiento.
La discusión sobre el biodiésel reabre además un debate histórico dentro de la política energética argentina: cómo equilibrar producción local, importaciones y agregado de valor industrial.
Para el complejo agroexportador, avanzar hacia una matriz con mayor participación de biocombustibles permitiría fortalecer cadenas productivas vinculadas al agro y reducir la dependencia de combustibles importados.
La iniciativa aparece alineada además con las tendencias internacionales orientadas a promover energías renovables y disminuir emisiones asociadas al transporte. Aunque el biodiésel no reemplaza completamente a los combustibles fósiles, su utilización es considerada una herramienta de transición energética por numerosos países productores.
En el Senado, el proyecto comenzará ahora una etapa de discusión técnica y política que incluirá el análisis del impacto económico, ambiental y energético de la medida.
Mientras tanto, el sector agroindustrial busca posicionarse como un actor central dentro del debate energético nacional. La apuesta de la industria aceitera es convertir al biodiésel no solo en un derivado exportable, sino también en un recurso estratégico para abastecer el mercado interno, generar valor agregado y disminuir la salida de divisas.
El resultado de la discusión legislativa podría definir el futuro de una actividad que, para buena parte del sector productivo, representa una oportunidad para combinar desarrollo industrial, energía y agroindustria dentro de una misma estrategia económica.
