La discusión por una nueva regulación para el sector de los biocombustibles volvió a ganar tensión en la Argentina luego de que Federico Pucciariello, presidente de Energy Essential Holding, reclamara una definición política urgente para impulsar el negocio y advirtiera sobre el riesgo de perder oportunidades de inversión. Sus declaraciones se producen en medio del debate parlamentario por una nueva normativa y mientras avanza en Santa Fe un proyecto conjunto con YPF para desarrollar una planta de combustible de aviación sostenible (SAF), considerada estratégica para el futuro energético del país.
Según publicó el medio La Política Online, el empresario cuestionó la demora del Congreso para avanzar con una ley que establezca nuevas reglas para el sector y sostuvo que una resolución podría alcanzarse rápidamente si existiera acuerdo político. La discusión adquiere relevancia por el escenario internacional: a partir de 2027 distintos mercados comenzarán a exigir porcentajes crecientes de combustibles sostenibles en el transporte aéreo.
La iniciativa privada se desarrolla sobre una antigua refinería ubicada en el cordón industrial santafesino que permaneció inactiva durante varios años y que ahora busca reconvertirse para producir SAF, un combustible renovable elaborado a partir de residuos y subproductos agroindustriales. El proyecto, denominado Santa Fe Bio, aparece además como una de las inversiones energéticas más importantes proyectadas para la provincia en los últimos años.
El combustible sostenible para aviación se transformó en uno de los segmentos con mayor expectativa de crecimiento dentro de la transición energética global. La aviación comercial y el transporte marítimo son considerados dos de los sectores más difíciles de descarbonizar por la ausencia de reemplazos tecnológicos inmediatos y económicamente viables. En ese contexto, gobiernos y organismos internacionales comenzaron a impulsar regulaciones para reducir emisiones.
La presión regulatoria ya tiene fechas concretas. Diversos mercados internacionales, entre ellos Brasil, la Unión Europea, Estados Unidos y varios países del sudeste asiático, avanzan con esquemas que obligarán a las aerolíneas a incorporar proporciones crecientes de combustibles sostenibles en sus operaciones.
Ese escenario abre oportunidades para países con fuerte capacidad agroindustrial y disponibilidad de materias primas. La Argentina aparece entre los potenciales jugadores debido a su producción agrícola y su infraestructura industrial, aunque la discusión local sobre el marco regulatorio sigue abierta.
Debate político y disputa sectorial
La discusión parlamentaria gira alrededor de los porcentajes obligatorios de mezcla entre combustibles fósiles y biocombustibles. Según reconstruyó La Política Online, uno de los proyectos en análisis propone elevar los niveles de corte para biodiésel y bioetanol, mientras otra iniciativa plantea incrementos más moderados.
La discusión excede la cuestión técnica y expone diferencias históricas entre distintos actores de la cadena productiva. Desde hace años el sector debate si el esquema regulatorio debe priorizar a las petroleras, a grandes exportadoras del complejo agroindustrial o a pequeñas y medianas empresas vinculadas a la producción de biocombustibles.
En ese marco, Pucciariello sostuvo que las discusiones deberían enfocarse en la competitividad integral del negocio. Según publicó La Política Online, el empresario pidió avanzar hacia un esquema con retenciones cero y reclamó una mesa de trabajo que reúna a provincias productoras, empresas energéticas, automotrices y legisladores.
También planteó interrogantes sobre el rol del Gobierno nacional en la actividad. Aunque destacó señales favorables hacia proyectos de inversión, consideró que todavía persisten tensiones entre una lógica de mercado libre y la necesidad de reglas específicas para desarrollar la actividad.
En declaraciones reproducidas por La Política Online, Pucciariello afirmó: “La ley de biocombustibles se resolvería en una hora si hubiera voluntad”.
El riesgo de perder mercado
Una de las advertencias planteadas por el empresario apunta a las consecuencias que podría enfrentar la Argentina si no adapta su regulación a las nuevas exigencias internacionales.
La explicación está vinculada al funcionamiento operativo de las aerolíneas. Si las compañías aéreas deben cumplir requisitos ambientales en sus países de origen y Argentina no establece normas compatibles, podrían cargar el combustible sostenible antes de iniciar sus rutas internacionales y evitar hacerlo en territorio local.
Ese escenario implicaría que el país quede fuera de una parte del negocio global asociado a los nuevos combustibles sostenibles, pese a contar con materias primas y capacidad industrial para desarrollarlo.
En paralelo, el proyecto Santa Fe Bio busca posicionarse como una alternativa para captar esa demanda futura. La iniciativa prevé utilizar residuos y subproductos derivados de cultivos como soja y girasol, evitando competir con cadenas destinadas a la alimentación.
El emprendimiento contempla la generación de 250 empleos directos y un impacto económico más amplio sobre proveedores y actividades industriales vinculadas al desarrollo de infraestructura y servicios.
La iniciativa también podría convertirse en una prueba para medir el interés del mercado por inversiones asociadas a la transición energética en la Argentina. Mientras el Congreso continúa discutiendo el futuro regulatorio del sector, empresas y provincias observan si el país logra transformar su potencial agroindustrial en una plataforma de producción energética orientada a nuevos mercados globales.
