La relación entre la Nación y las provincias atraviesa una nueva etapa de tensión por la distribución de los recursos fiscales. El ministro de Economía, Luis Caputo, analiza convocar a los gobernadores a una negociación para avanzar en un nuevo acuerdo fiscal, en un contexto marcado por las diferencias sobre la coparticipación, los impuestos provinciales y municipales y el financiamiento de la obra pública. La discusión cobra relevancia porque involucra el reparto de la recaudación y la definición de las responsabilidades que debe asumir cada nivel del Estado.
Según publicó La Nación, el debate excede la discusión sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y abarca también la presión del Gobierno nacional para que las provincias reduzcan tributos considerados distorsivos, especialmente Ingresos Brutos y determinadas tasas municipales.
El escenario se complejiza por la reducción de programas y transferencias nacionales hacia las provincias. Gobernadores e intendentes sostienen que la eliminación de fondos específicos para áreas como transporte y educación, sumada a una menor participación del Estado nacional en salud e infraestructura, los obligó a asumir mayores responsabilidades y, por lo tanto, a preservar sus fuentes de financiamiento.
En este marco, el último Vademécum Tributario elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) reveló que en Argentina existen actualmente 150 tributos, seis menos que en 2025. Sin embargo, apenas seis impuestos concentran el 85% de la recaudación total, lo que refleja el fuerte peso de un reducido grupo de gravámenes sobre los ingresos públicos.
El estudio, dirigido por Nadín Argañaraz, señala además que 82 de esos 150 tributos corresponden a tasas municipales. Desde el Ministerio de Economía cuestionan especialmente aquellas que no cuentan con una contraprestación directa y sostienen que pueden representar hasta el 6% del precio final de algunos productos.
Uno de los principales focos de conflicto es el impuesto a Ingresos Brutos, considerado por numerosos economistas como una carga distorsiva debido a su efecto acumulativo sobre la producción y el consumo. A pesar de las críticas, se trata del cuarto impuesto con mayor capacidad recaudatoria del país y explica alrededor del 14,7% de los ingresos tributarios consolidados.
La dependencia de las provincias respecto de este gravamen es significativa. En algunos distritos, Ingresos Brutos representa hasta el 80% de los recursos propios, una situación que dificulta cualquier intento de eliminación o reducción abrupta.
El antecedente más cercano de una reforma integral fue el Pacto Fiscal de 2017, firmado durante la presidencia de Mauricio Macri. Ese acuerdo establecía un cronograma gradual para disminuir las alícuotas del impuesto, pero la crisis cambiaria de 2018 alteró la hoja de ruta y el proceso terminó interrumpiéndose en 2019.
La disputa también alcanza a los municipios. La Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) es uno de los tributos más cuestionados por empresas y cámaras comerciales. De acuerdo con los cálculos del Iaraf, representa alrededor del 2,6% de la recaudación consolidada y suele ser objeto de reclamos por parte del sector privado.
A ello se suma la proliferación de nuevos gravámenes locales. En los últimos años aparecieron contribuciones ambientales, tasas vinculadas a la gestión de residuos, impuestos por monitoreo y seguridad urbana, cargos por tránsito pesado, ecotasas, derechos asociados a actividades turísticas y contribuciones ligadas a desarrollos urbanísticos e infraestructura.
El reparto de los recursos es otro de los puntos centrales del debate. En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de 2025, el presidente Javier Milei planteó la posibilidad de otorgar mayor autonomía fiscal a las provincias en tributos actualmente administrados por la Nación. En aquella oportunidad afirmó: "Estamos trabajando en brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado nacional en su nombre". Sin embargo, la iniciativa no registró avances posteriores.
Meses después, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, interpretó que la propuesta impulsada por los gobernadores para coparticipar los ATN podía abrir la puerta a una modificación del régimen vigente. Esa visión fue cuestionada por especialistas en derecho constitucional, quienes sostienen que cualquier cambio estructural en la ley de coparticipación requiere una ley convenio aprobada por la Nación y las provincias.
Mientras el Gobierno busca equilibrar las cuentas públicas y avanzar con reformas tributarias, las provincias defienden sus fuentes de financiamiento. El desafío será encontrar un consenso que permita redefinir el esquema fiscal sin afectar la prestación de servicios ni profundizar las tensiones entre los distintos niveles del Estado, en una discusión que promete seguir ocupando un lugar central en la agenda económica y política del país.
