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La suspensión del servicio de practicaje en los principales puertos argentinos comenzó a generar un fuerte impacto sobre la logística de las exportaciones agroindustriales, al impedir el ingreso y la salida de buques en las terminales del Gran Rosario y del sur de la provincia de Buenos Aires. La medida, adoptada por los prácticos en medio de la incertidumbre generada por el Decreto 690/2025, llega en un período de elevada actividad comercial y despierta preocupación entre las empresas exportadoras por las posibles demoras en los embarques de granos y subproductos.
Según informó Valor Soja, la interrupción del servicio provocó una virtual paralización de las maniobras portuarias, ya que el practicaje constituye un requisito indispensable para que los buques puedan navegar en forma segura dentro de los canales de acceso y operar en los puertos.
El conflicto se originó luego de la publicación del decreto nacional que introduce modificaciones en el régimen de practicaje. Frente a los cambios establecidos por la normativa y a la falta de precisiones sobre su implementación, los profesionales decidieron suspender la prestación del servicio mientras analizan las implicancias legales, técnicas y operativas de la nueva regulación.
El practicaje es considerado un servicio esencial dentro del sistema de navegación comercial. Los prácticos son los profesionales habilitados para asistir a los capitanes de los buques durante las maniobras de ingreso, desplazamiento y salida de los puertos, especialmente en zonas de navegación compleja como la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Sin esa asistencia técnica, las embarcaciones no pueden operar, por lo que la suspensión de la actividad impacta directamente sobre la cadena logística de las exportaciones.
De acuerdo con la información publicada por Valor Soja, personal de la Prefectura Naval Argentina se presentó durante la madrugada en los domicilios de algunos prácticos para intimarlos a retomar sus tareas. Sin embargo, esa medida no logró restablecer el servicio y la situación continuó sin cambios durante la jornada.
El conflicto generó inquietud entre las empresas exportadoras, que comenzaron a revisar la programación de embarques mientras esperan una resolución en el corto plazo.
La preocupación se explica por el volumen de mercadería comprometido para las próximas semanas y por el papel que desempeña la Argentina como proveedor internacional de granos, harinas y aceites vegetales.
Según consignó Valor Soja, ante el escenario de incertidumbre varias compañías decidieron suspender la registración de nuevas operaciones de exportación hasta contar con mayor claridad sobre el funcionamiento del sistema portuario.
La decisión busca evitar compromisos comerciales que luego no puedan cumplirse en los plazos previstos debido a la interrupción de las operaciones marítimas.
La situación adquiere una relevancia especial por el elevado volumen de embarques programados para agosto.
Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) registran compromisos por 4,97 millones de toneladas de maíz durante este mes, además de 2,10 millones de toneladas de harina de soja, entre otros productos agroindustriales que deben salir desde los puertos argentinos.
Ese flujo exportador convierte a la logística portuaria en un factor determinante para el cumplimiento de los contratos internacionales y el ingreso de divisas.
Al mismo tiempo, el escenario internacional ofrece oportunidades comerciales adicionales para la Argentina debido a las dificultades logísticas que atraviesan otros proveedores de granos.
Según destacó Valor Soja, las complicaciones operativas registradas en la región del Mar Negro están llevando a algunos importadores a buscar proveedores alternativos de trigo, maíz y aceite de girasol, una situación que podría favorecer al país siempre que logre mantener la normalidad en su sistema de exportaciones.
Como reflejo del clima de incertidumbre, durante la jornada del lunes se registró un bajo nivel de nuevas declaraciones de exportación.
De acuerdo con los datos citados por Valor Soja, ese día solamente se inscribieron 12.432 toneladas de DJVE correspondientes a productos agroindustriales, un volumen considerablemente inferior al habitual para esta época del año.
Si bien desde el sector consideran que el impacto todavía resulta administrable, advierten que una prolongación del conflicto podría comenzar a afectar la planificación logística de las terminales portuarias y la programación de los buques.
En paralelo al conflicto, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo emitió una comunicación dirigida a sus afiliados.
Según reprodujo Valor Soja, la entidad recomendó que, ante cualquier convocatoria para desempeñar tareas vinculadas con el practicaje, los trabajadores "se comuniquen de manera inmediata con las autoridades o delegados del Centro antes de adoptar cualquier decisión".
Además, recordó que el ejercicio del practicaje "sin la habilitación correspondiente o al margen de la normativa aplicable puede generar responsabilidades administrativas, civiles y penales", en referencia a la necesidad de respetar las disposiciones vigentes mientras continúa la discusión sobre el nuevo marco regulatorio.
El conflicto vuelve a poner en evidencia la importancia de la logística dentro del complejo exportador argentino.
La capacidad del país para abastecer los mercados internacionales depende no solo de la producción agrícola, sino también del funcionamiento coordinado de puertos, transporte terrestre, vías navegables y servicios técnicos especializados.
En ese contexto, cualquier interrupción puede traducirse en demoras operativas, mayores costos y dificultades para cumplir con los compromisos asumidos frente a compradores internacionales.
La situación también plantea interrogantes sobre el impacto que podrían tener los cambios regulatorios sobre actividades altamente especializadas, donde la continuidad operativa resulta clave para garantizar la seguridad de la navegación y el normal desarrollo del comercio exterior.
Hasta el momento, las empresas agroexportadoras mantienen la expectativa de que el conflicto pueda resolverse en los próximos días para evitar consecuencias más profundas sobre la cadena comercial.
Si la suspensión del practicaje se extiende, el riesgo de acumulación de buques, reprogramación de cargas y demoras en los embarques aumentará significativamente, especialmente en un período de alta demanda logística.
Mientras tanto, la agroindustria sigue de cerca la evolución de las negociaciones y el alcance definitivo del Decreto 690/2025, consciente de que la continuidad del comercio exterior argentino depende, en buena medida, del funcionamiento pleno de su infraestructura portuaria y de los servicios que permiten mantener en movimiento uno de los principales motores de generación de divisas del país.
