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Salta estableció un nuevo marco para el uso de drones en aplicaciones de productos fitosanitarios, con requisitos obligatorios para empresas, operadores y equipos que realicen estas tareas en el territorio provincial. La medida, oficializada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, busca ordenar una tecnología cada vez más utilizada en el campo y establecer condiciones de seguridad para su operación, en línea con las disposiciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y las normas provinciales sobre Buenas Prácticas Agrícolas.
La regulación alcanza a quienes utilicen aeronaves no tripuladas, conocidas como RPA/RPAS, tanto para realizar tratamientos en establecimientos propios como para prestar servicios a terceros. Uno de los principales cambios es la obligación de inscribirse anualmente en el Registro de Usuarios de Productos Fitosanitarios, bajo la categoría de “Aplicador Aéreo No Tripulado de RPA/RPAS”.
El esquema no se limita al propietario del equipo. También contempla requisitos específicos para los pilotos operadores, asesores técnicos y aeronaves involucradas en las aplicaciones. De esta manera, la provincia busca establecer una trazabilidad sobre quién realiza las pulverizaciones, con qué equipamiento y bajo qué condiciones.
La disposición fue impulsada por el Ministerio de Producción y Minería a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y toma como referencia la Resolución ANAC N° 550/25. A su vez, incorpora criterios vinculados con la Ley Provincial N° 7812 de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y su decreto reglamentario.
Para acceder a la habilitación provincial, los responsables de las aplicaciones deberán cumplir una serie de condiciones técnicas, administrativas y aeronáuticas.
Uno de los requisitos establecidos es contar con domicilio constituido en la provincia de Salta. También será necesario acreditar la matrícula correspondiente al equipo, identificada como LV-R, emitida por la ANAC.
La normativa incorpora además exigencias para quienes estén a cargo de pilotear las aeronaves. Los operadores deberán contar con la Licencia Aeronáutica Habilitante de piloto a distancia, además de realizar una capacitación específica en Buenas Prácticas Agrícolas aplicadas al uso de sistemas RPA/RPAS.
Una vez cumplida esa formación, los operadores podrán obtener el Carné Provincial de Aplicador, cuya vigencia será de dos años. La capacitación constituye uno de los componentes centrales del nuevo esquema, debido a que el uso de drones para tratamientos agrícolas requiere combinar conocimientos sobre aplicaciones fitosanitarias con las condiciones específicas de operación de una aeronave no tripulada.
El reglamento también establece la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil para el equipo utilizado. De esta forma, la cobertura frente a eventuales daños queda incorporada como una condición previa para desarrollar la actividad.
Otro punto relevante está relacionado con los productos utilizados. Las aplicaciones deberán realizarse exclusivamente con fitosanitarios autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para esta modalidad de uso.
Además, antes de cada procedimiento deberá presentarse la correspondiente Recomendación Técnica de Uso, un documento destinado a establecer las condiciones bajo las cuales se realizará la aplicación.
El nuevo marco también contempla las condiciones de circulación de los drones agrícolas fuera del área específica de trabajo. Una de las disposiciones establece que las aeronaves deberán atravesar las zonas urbanas o pobladas descargadas y desinfectadas.
La exigencia apunta a reducir los riesgos vinculados con el traslado de equipos que hayan sido utilizados para aplicar productos fitosanitarios. El requisito forma parte de las pautas de seguridad incorporadas al régimen provincial.
El cumplimiento de las normas quedará bajo fiscalización de la autoridad de aplicación. Los organismos provinciales podrán realizar inspecciones en distintos puntos del territorio salteño y verificar la documentación correspondiente a las empresas, los operadores, los equipos y los productos empleados.
La fiscalización permitirá controlar que quienes desarrollen aplicaciones con drones estén efectivamente registrados y que las tareas se realicen con las habilitaciones correspondientes.
En ese sentido, la regulación establece un sistema que combina la normativa ambiental provincial con las disposiciones aeronáuticas nacionales. El objetivo es evitar que la incorporación de nuevas tecnologías al trabajo agrícola quede por fuera de los mecanismos tradicionales de control.
Los drones comenzaron a incorporarse a distintas actividades agropecuarias por su capacidad para trabajar sobre determinados sectores de los lotes y realizar aplicaciones con precisión. Su utilización puede resultar especialmente útil en situaciones donde se necesita intervenir sobre superficies específicas o acceder a sectores determinados de un establecimiento.
Pero esa expansión tecnológica también plantea nuevos desafíos regulatorios. A diferencia de las aplicaciones terrestres tradicionales o de las realizadas con aeronaves tripuladas, los equipos no tripulados requieren considerar simultáneamente aspectos agrícolas, ambientales y aeronáuticos.
Por eso, el esquema implementado en Salta establece obligaciones para toda la cadena involucrada en la operación. No alcanza únicamente con disponer de un dron apto para la tarea: el responsable deberá estar inscripto, el piloto deberá contar con la licencia correspondiente y capacitación específica, el equipo tendrá que cumplir con los requisitos aeronáuticos y la aplicación deberá utilizar productos habilitados.
También será necesaria la documentación técnica previa a cada tratamiento y la cobertura de responsabilidad civil exigida por la normativa.
La decisión de la provincia se produce en un contexto de creciente incorporación de herramientas de agricultura de precisión. El avance de los drones modificó algunas prácticas de manejo y abrió nuevas posibilidades para realizar trabajos de manera localizada.
En este escenario, el desafío regulatorio consiste en permitir el desarrollo de esas tecnologías sin dejar de establecer condiciones destinadas a proteger a las personas y al ambiente.
El nuevo sistema salteño busca precisamente ordenar ese proceso mediante un registro específico para los aplicadores aéreos no tripulados. La inscripción anual permitirá identificar a quienes prestan el servicio y diferenciar a los operadores habilitados de aquellos que trabajen sin autorización.
La capacitación obligatoria también apunta a reducir riesgos derivados de un manejo inadecuado. El hecho de que el operador deba acreditar conocimientos tanto aeronáuticos como vinculados con las Buenas Prácticas Agrícolas incorpora un doble criterio de formación para una actividad que combina ambos campos.
A esto se suma el control sobre los productos. La exigencia de utilizar únicamente fitosanitarios autorizados por SENASA para aplicaciones con drones busca evitar que la adaptación de las nuevas tecnologías genere usos por fuera de las condiciones establecidas para cada insumo.
El sistema también contempla la responsabilidad frente a terceros mediante la contratación de un seguro específico.
Para los productores y prestadores que ya emplean drones en tareas agrícolas, la nueva regulación implica formalizar la actividad y adecuarse a los requisitos provinciales.
El registro deberá renovarse de manera anual, mientras que el Carné Provincial de Aplicador tendrá una vigencia de dos años. A su vez, cada equipo deberá contar con la documentación aeronáutica exigida y la correspondiente cobertura de responsabilidad civil.
Antes de realizar una aplicación será necesario contar con la Recomendación Técnica de Uso y utilizar únicamente productos autorizados para esa modalidad.
La autoridad provincial tendrá además facultades para controlar las operaciones en el territorio y solicitar la documentación correspondiente durante las inspecciones.
Con este esquema, Salta incorpora una regulación específica para una herramienta tecnológica que ya forma parte de las nuevas prácticas agrícolas. El objetivo es establecer reglas claras para su utilización y, al mismo tiempo, integrar su funcionamiento a los controles existentes sobre fitosanitarios, seguridad aeronáutica y protección ambiental.
El desafío para productores y empresas será adaptar sus procedimientos a estas exigencias. Para la provincia, el nuevo régimen representa un intento de acompañar la expansión de los drones agrícolas con un marco formal que permita aprovechar sus aplicaciones sin dejar de lado los controles sobre seguridad, capacitación, trazabilidad y cuidado ambiental.
