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Casi 8 de cada 10 productores y profesionales agropecuarios consideran que los caminos rurales de la Cuenca del Salado y el sur bonaerense están en malas o muy malas condiciones, mientras que tres cuartas partes de los consultados aseguran que las vías terciarias no pueden utilizarse durante todo el año. Los datos surgen de una encuesta realizada por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), con participación de Aapresid, Movimiento CREA y la Sociedad Rural Argentina (SRA), que advierte que el deterioro de la infraestructura vial incrementa los costos logísticos y puede impedir el traslado de la producción.
El relevamiento, difundido el 23 de agosto de 2026, expone un problema que excede las dificultades para sacar granos, hacienda u otros productos desde los establecimientos. La falta de mantenimiento de los caminos de tierra también afecta el acceso a servicios, la conectividad y las actividades cotidianas de las comunidades rurales.
Según los resultados, el 79% de los encuestados calificó como “malas” o “muy malas” las condiciones de la red vial rural de las zonas relevadas. A su vez, el 75% afirmó que los caminos no son transitables durante todo el año.
El impacto económico aparece como una de las principales consecuencias. El 68% de los participantes declaró haber sufrido pérdidas concretas debido a demoras o a la imposibilidad de retirar la producción de los campos. Al mismo tiempo, el 59% estimó que el deterioro de los caminos eleva los costos logísticos en más de un 10%.
El trabajo fue publicado por TN Campo, medio que difundió los resultados de la investigación. La encuesta buscó identificar los principales problemas de la red vial terciaria y conocer la percepción de los productores sobre las alternativas para mejorar su mantenimiento.
Los problemas relevados no se limitan a una evaluación general sobre el estado de los caminos. La encuesta también identificó deficiencias específicas que afectan la circulación de vehículos y, en particular, el transporte de cargas.
El 68% de los consultados señaló la presencia extendida de pozos en las calzadas de tierra. A su vez, el 82% indicó que existen deformaciones en los caminos: un 27% aseguró que aparecen con bastante frecuencia y otro 55% manifestó que se presentan ocasionalmente.
Estas condiciones obligan a los transportistas a circular a menor velocidad, incrementan el desgaste de los vehículos y pueden generar demoras en los recorridos. Para una actividad que depende del traslado de grandes volúmenes de mercadería, el tiempo adicional de viaje puede terminar incorporándose al costo de producción.
El informe también identificó un problema relacionado con la señalización vial. El 82% de los productores y profesionales consultados consideró que la señalización en los caminos de tierra es inexistente o se encuentra deteriorada.
La ausencia de carteles o el mal estado de los existentes puede dificultar la circulación y representa un factor adicional de riesgo para quienes utilizan las vías rurales, especialmente durante períodos de lluvia, baja visibilidad o deterioro de la calzada.
El estudio señala que estas deficiencias reflejan problemas de mantenimiento y de actualización de la infraestructura destinada a la seguridad vial.
El deterioro de los caminos rurales tiene una incidencia directa sobre la estructura de costos del sector agropecuario. De acuerdo con la encuesta, el 59% de los participantes consideró que las condiciones de las vías generan un aumento de más del 10% en los costos logísticos.
Ese incremento puede originarse en mayores gastos de flete, mantenimiento y reparación de los vehículos. El tránsito frecuente sobre caminos deteriorados acelera el desgaste de componentes y reduce la vida útil de neumáticos y otras piezas.
El estudio también advierte sobre un aumento del consumo de combustible cuando los vehículos circulan sobre caminos de tierra en malas condiciones. Según los datos citados en el relevamiento, ese incremento puede ubicarse entre 20% y 30%.
Para los productores, el problema no se limita al costo directo del transporte. Cuando un camino queda intransitable, la producción puede permanecer dentro del establecimiento y perder una oportunidad comercial, generar costos adicionales de almacenamiento o complicar el cumplimiento de compromisos de entrega.
Ese efecto adquiere especial importancia durante las campañas agrícolas, cuando la necesidad de sacar grandes volúmenes de producción se concentra en períodos relativamente breves.
Argentina cuenta con alrededor de 500.000 kilómetros de caminos rurales, que representan aproximadamente el 82% de toda la red vial del país, según los datos citados por el informe.
Aunque estas vías cumplen una función central para el traslado de productos agropecuarios, su importancia alcanza también a otros aspectos de la vida en las zonas rurales.
La posibilidad de circular durante todo el año condiciona el acceso a escuelas, centros de salud, comercios y servicios públicos. También influye en la conectividad de las poblaciones y en la posibilidad de trasladarse hacia los centros urbanos más cercanos.
Por ese motivo, el estudio considera que el deterioro de la red terciaria debe analizarse como un problema de infraestructura que afecta tanto la competitividad productiva como las condiciones de vida de las comunidades rurales.
El informe sostiene que la inversión en estos caminos ha quedado históricamente relegada dentro de las políticas públicas, a pesar de su importancia para el funcionamiento de una parte significativa del territorio argentino.
Los investigadores plantean que la falta de mantenimiento sostenido, la ausencia de planificación a largo plazo y el deterioro acumulado reducen la capacidad de la red para responder a las necesidades actuales.
Frente al diagnóstico, la encuesta también buscó identificar cuáles son las medidas que los propios usuarios consideran prioritarias.
El 70% de los consultados consideró importante mejorar la coordinación entre municipios y productores para abordar el mantenimiento de los caminos rurales. El dato muestra que existe una disposición significativa a participar en mecanismos de gestión compartida.
Entre las obras consideradas prioritarias aparece la estabilización de los caminos con cemento o tosca, una alternativa señalada por el 45% de los participantes como uno de los principales puntos sobre los que debería trabajarse.
La propuesta de una mayor participación del sector productivo también aparece entre las conclusiones del estudio. Los productores son usuarios directos de la infraestructura y, por lo tanto, pueden aportar información sobre los caminos que presentan mayores dificultades, los puntos críticos y las épocas del año en las que se registran problemas.
El informe considera que esa participación resulta necesaria para mejorar la asignación de recursos y establecer prioridades de mantenimiento.
El mantenimiento de los caminos rurales depende, según cada jurisdicción, de los municipios o de las provincias. Los recursos destinados a esas tareas provienen de distintas tasas y tributos vinculados con los servicios y la infraestructura.
El relevamiento advierte, sin embargo, que en numerosos distritos la prestación resulta insuficiente frente a las necesidades de la producción y de las comunidades rurales.
En ese escenario, el estudio pone el foco en los casos donde el sector público y los productores lograron coordinar acciones. La cooperación puede incluir la identificación de prioridades, la organización de tareas, el seguimiento de las obras y mecanismos para sostener el mantenimiento a lo largo del tiempo.
La encuesta encontró una predisposición concreta hacia ese modelo. Siete de cada diez productores manifestaron estar dispuestos a colaborar con gobiernos municipales y provinciales en esquemas de gestión público-privada orientados a mejorar la administración de los recursos.
La participación, de acuerdo con el informe, no debería reemplazar las responsabilidades de las autoridades competentes, sino contribuir a mejorar la planificación y el destino de los fondos disponibles.
La cuestión cobra relevancia porque un camino rural no solo conecta un campo con una ruta asfaltada. También determina si una cosecha puede salir a tiempo, si un camión puede ingresar a un establecimiento, si un trabajador puede trasladarse o si una familia puede acceder a servicios básicos.
En términos económicos, el estudio resume el problema como una transferencia de costos hacia los productores y, por extensión, hacia la cadena agropecuaria. En sus conclusiones, el trabajo afirma: “El análisis realizado permite concluir que el deterioro de los caminos rurales no representa meramente un inconveniente logístico, sino una transferencia de costos directa que erosiona la competitividad del productor y del país”, según el informe difundido por TN Campo.
El relevamiento también sostiene que “la falta de inversión sostenida, la ausencia de planificación de largo plazo y el deterioro progresivo de la infraestructura limitan su capacidad para responder a las necesidades productivas y sociales actuales”.
Los resultados de la encuesta muestran así que el estado de los caminos rurales dejó de ser solamente una preocupación vinculada con el transporte de la producción. Para los productores consultados, se trata de una infraestructura que condiciona costos, tiempos, acceso a servicios y competitividad.
La posibilidad de avanzar en soluciones dependerá de la capacidad de municipios, provincias y usuarios para establecer prioridades y sostener los trabajos de mantenimiento. El dato más contundente del estudio es, en ese sentido, que 7 de cada 10 productores están dispuestos a participar de esquemas de cooperación con el Estado.
El desafío será transformar esa disposición en mecanismos concretos que permitan mantener transitables los caminos durante todo el año y reducir el impacto que su deterioro genera sobre la producción y la vida cotidiana en el ámbito rural.
