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El debate por una nueva ley de biocombustibles ingresó en una etapa decisiva en el Senado, donde las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda volverán a reunirse el próximo 2 de septiembre con el objetivo de avanzar hacia un dictamen. La discusión es seguida de cerca por productores y empresas agroindustriales porque el proyecto propone elevar los cortes obligatorios, abrir el mercado y establecer un nuevo mecanismo de formación de precios, cambios que podrían modificar el escenario para las cadenas de maíz, soja y caña de azúcar y generar nuevas condiciones para la inversión en bioenergías.
La reunión realizada el miércoles 26 de agosto terminó nuevamente en cuarto intermedio y sin dictamen, después de que los bloques mantuvieran diferencias sobre el momento para cerrar el debate. Sin embargo, desde el sector privado y las organizaciones vinculadas con el agro consideraron que hubo avances relevantes después de meses de reuniones y exposiciones.
La Fundación Barbechando, organización integrada por productores que siguen la agenda legislativa agropecuaria, calificó la jornada como un punto de inflexión. Según la entidad, después de un año de discusión parlamentaria quedaron identificados tres ejes centrales de consenso: un aumento de los cortes, una mayor apertura del mercado y la utilización de precios de referencia.
En paralelo, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) valoró el avance del debate y consideró que una nueva legislación podría impulsar inversiones, producción, empleo y exportaciones.
“La oportunidad de tener una nueva ley que fomente inversiones, producción, empleo y exportaciones de biocombustibles es extraordinaria”, señaló CIARA, según la información publicada por TN.
El proyecto todavía no contiene todas las demandas de la industria. Entre ellas aparece el pedido de elevar el corte obligatorio de biodiésel al menos al 12,5%. Aun así, desde la entidad consideraron que la propuesta representa una mejora respecto del esquema vigente y que puede favorecer el desarrollo de la bioenergía argentina.
Uno de los principales puntos del proyecto oficialista es el incremento de los porcentajes mínimos de mezcla de biocombustibles.
Para el biodiésel, el corte obligatorio en el gasoil pasaría del actual 7,5% al 10%. En el caso del bioetanol, la mezcla mínima con naftas aumentaría del 12% al 15%.
De acuerdo con el análisis de Fundación Barbechando citado por TN, ambos incrementos comenzarían a regir a los 12 meses de la eventual sanción de la ley.
El cambio tendría impacto directo sobre la demanda de materias primas agrícolas. El biodiésel argentino utiliza principalmente derivados de la soja, mientras que el bioetanol se produce a partir de caña de azúcar y maíz.
El nuevo marco, por lo tanto, no se limitaría a modificar reglas energéticas. También tendría consecuencias sobre distintas cadenas agroindustriales, al generar un mercado interno más amplio para productos destinados a la transformación industrial.
En bioetanol, el proyecto mantiene una participación de 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz, mientras que el porcentaje restante quedaría sin una restricción específica sobre la materia prima.
Para las economías regionales vinculadas con la caña y para la industria maicera, la evolución del corte puede definir nuevos niveles de demanda y, con ello, incentivos para ampliar inversiones en capacidad productiva.
Otro de los cambios centrales está relacionado con la forma en que se determinarán los precios.
El proyecto plantea abandonar el esquema de precios máximos y reemplazarlo por precios de referencia calculados a partir de la denominada paridad de importación. El criterio busca tomar como referencia cuánto costaría sustituir la producción nacional por un producto equivalente importado.
A partir de esa referencia, el precio de mercado sería libre. Si los valores superaran determinados parámetros, podría activarse un mecanismo de excepción que habilitaría importaciones.
La modificación es relevante para las empresas porque introduce una lógica diferente en la formación de precios y busca generar mayor transparencia en las operaciones entre elaboradores y mezcladores.
El abastecimiento del corte obligatorio se canalizaría además mediante un mercado electrónico único, de acceso público y con participación de un organismo independiente.
En ese sistema, los elaboradores y mezcladores podrían presentar ofertas de precio y volumen. También tendrían la posibilidad de celebrar contratos a término mediante acuerdos de libre negociación.
El objetivo declarado es construir un esquema más abierto y competitivo que el vigente.
La apertura del mercado aparece acompañada por límites destinados a evitar una concentración excesiva de la oferta.
En el segmento de bioetanol, ninguna empresa elaboradora podría superar el 20% del volumen anual comercializado dentro del corte obligatorio.
Para el biodiésel, el proyecto establece un límite del 14% por empresa y grupo económico en el segmento correspondiente a compañías no integradas.
Además, la autoridad de aplicación tendría facultades para solicitar la intervención del organismo de defensa de la competencia ante indicios de conductas prohibidas.
El diseño busca combinar mayor libertad comercial con herramientas para evitar que un grupo reducido de compañías concentre una porción excesiva del mercado.
Los volúmenes de biocombustibles que excedan los porcentajes obligatorios quedarían fuera de ese esquema y podrían comercializarse libremente.
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires también tendrían la posibilidad de impulsar regímenes propios de promoción para estaciones de servicio que ofrezcan mezclas superiores a los cortes nacionales.
El proyecto contempla además al combustible sostenible para aviación (SAF) como un producto de comercialización libre y separado de los cortes obligatorios establecidos para naftas y gasoil.
El biodiésel tendrá un período de transición específico que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2031.
La propuesta establece una reducción gradual del volumen reservado al segmento de empresas no integradas, que actualmente participa en la totalidad del corte obligatorio del 7,5%.
Con el nuevo corte del 10%, esa participación bajaría al 6,5%. En 2029 se reduciría al 5,5%, en 2030 al 5% y en 2031 llegaría al 3%.
Al mismo tiempo, aumentaría la porción destinada a la negociación libre, que pasaría del 3,5% al 7% durante el período de transición.
El esquema incorpora también el co-procesamiento de materias primas no fósiles en refinerías, con porcentajes anuales que irían del 0,5% al 2%. Ese volumen podría contabilizarse parcialmente dentro del corte obligatorio, con un límite máximo del 3%.
Para las empresas, la transición representa un período de adaptación hacia un mercado con mayor participación de operaciones libres y menor peso de los segmentos regulados.
La discusión parlamentaria lleva meses y ya atravesó varias reuniones informativas. La sesión del miércoles fue la tercera instancia que terminó sin dictamen.
El debate, además, se amplió con la incorporación de un séptimo proyecto, presentado por un senador del peronismo, que propone crear un Régimen de Promoción Federal para la Producción de Biocombustibles.
La incorporación generó diferencias entre los bloques. Desde la oposición reclamaron tiempo para analizar el nuevo expediente, mientras que sectores del oficialismo buscaron avanzar con la firma del dictamen.
El resultado fue un nuevo cuarto intermedio.
La próxima reunión quedó prevista para el miércoles 2 de septiembre, con la expectativa de que finalmente pueda cerrarse el texto que llegará al recinto.
En paralelo, se produjo un cambio en la conducción de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. Flavio Fama, de la UCR de Catamarca, dejó la presidencia y fue reemplazado por Flavia Royon, representante de Primero los Salteños y exsecretaria de Energía de la Nación.
Royon, además, es autora de uno de los proyectos que forman parte de la discusión.
Para el sector agroindustrial, la discusión no pasa solamente por aumentar unos puntos el porcentaje de mezcla. El objetivo de fondo es construir un marco regulatorio que permita planificar inversiones durante varios años.
La ley vigente, la 27.640, fue sancionada en agosto de 2021. Desde entonces, la industria sostiene que la capacidad instalada y las oportunidades de desarrollo evolucionaron más rápido que la regulación.
La falta de definiciones de largo plazo puede afectar las decisiones de inversión porque las plantas de procesamiento, los proyectos de ampliación y las nuevas tecnologías requieren desembolsos importantes y períodos prolongados para recuperar el capital.
Desde Fundación Barbechando señalaron que la Argentina cuenta con buena parte de los elementos necesarios para desarrollar una industria de mayor escala: materia prima, capacidad industrial y empresas con experiencia.
El desafío consiste en generar reglas que permitan transformar esas condiciones en inversiones.
El sector agroindustrial también mira hacia Brasil, que durante las últimas décadas convirtió los biocombustibles en una política de largo plazo.
Según el análisis difundido por Fundación Barbechando, el vecino país combinó cortes crecientes, incentivos fiscales y vehículos flex-fuel, además de incorporar posteriormente el programa RenovaBio.
Ese proceso permitió a Brasil consolidarse como el segundo productor mundial de etanol y desarrollar una amplia estructura industrial.
La comparación es utilizada por las entidades argentinas para mostrar el potencial que tendría una política de Estado sostenida en materia de bioenergías.
Para la Argentina, una mayor utilización de biocombustibles también tendría implicancias sobre el comercio exterior. Un incremento de la sustitución de combustibles fósiles por producción local puede reducir la necesidad de importar determinados productos energéticos y, por esa vía, contribuir a reducir la salida de divisas.
A la vez, una mayor demanda de biocombustibles puede generar actividad en las cadenas de soja, maíz y caña de azúcar, con efectos sobre productores, industrias, transporte y economías regionales.
La discusión legislativa entra así en una instancia en la que las diferencias políticas todavía pueden demorar el dictamen, pero buena parte del sector productivo considera que el diagnóstico ya está realizado.
La próxima reunión será clave para determinar si el Congreso logra transformar meses de debate en un nuevo marco regulatorio. Para las empresas agroindustriales, el punto central es contar con previsibilidad suficiente para invertir y aprovechar una capacidad productiva que, según las entidades del sector, todavía tiene margen para crecer.
La fecha del 2 de septiembre aparece entonces como el próximo punto de referencia para una industria que busca dejar atrás un esquema regulatorio considerado insuficiente y avanzar hacia un mercado con mayores cortes, más competencia y reglas de inversión de largo plazo.
