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La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) propuso incorporar a una eventual ley nacional sobre agroquímicos la figura de un veedor independiente que pueda supervisar las aplicaciones en zonas periurbanas e incluso detenerlas ante condiciones consideradas inadecuadas. La iniciativa fue planteada por su director ejecutivo, Federico Landgraf, durante una entrevista con Bichos de Campo en el marco de una jornada realizada en la Rural de Palermo, en Buenos Aires, y apunta a establecer mecanismos de control que permitan reducir los conflictos entre productores y vecinos y recuperar la confianza social en el uso de fitosanitarios.
El planteo se produce en un contexto de fuerte disparidad normativa entre provincias y municipios respecto de las aplicaciones agrícolas y de los conflictos que se generan cuando las áreas productivas se encuentran próximas a viviendas, escuelas u otros espacios poblados. Para Casafe, una legislación nacional podría establecer criterios generales y dejar luego a las jurisdicciones locales la implementación de controles específicos.
Landgraf sostuvo que el sector necesita aceptar que la confianza social no se puede dar por descontada. En diálogo con Bichos de Campo, señaló: “Nosotros decimos que la confianza se construye. No estamos diciendo ‘somos confiables y tienen que confiar ciegamente en nosotros’. Necesitamos un proyecto de ley, necesitamos una regulación, porque estamos en una industria que tiene que ser regulada y estamos en un sistema que tiene que tener una regulación en las aplicaciones”.
La propuesta de Casafe busca que el control de las pulverizaciones en áreas sensibles no quede exclusivamente en manos de productores o empresas aplicadoras. El veedor tendría que actuar como un tercero con capacidad técnica para verificar las condiciones de la operación y tomar decisiones ante eventuales riesgos.
De acuerdo con la explicación de Landgraf a Bichos de Campo, el veedor sería un profesional especializado que se presentaría en el lugar durante una aplicación en una zona periurbana para auditar el procedimiento.
Entre sus atribuciones estaría la posibilidad de intervenir si las condiciones meteorológicas cambian o si el viento presenta una dirección que pueda generar inconvenientes. También podría solicitar modificaciones en la configuración de la maquinaria utilizada para la pulverización o directamente ordenar la suspensión de la tarea.
Consultado específicamente sobre la función de esta figura, Landgraf explicó a Bichos de Campo: “Un profesional que, en el momento de la aplicación en una zona periurbana, se acerca y audita la aplicación. Tiene la capacidad de pararla si cambia el viento, si la dirección del viento no es la adecuada, puede cambiar la regulación (de las máquinas) o bien suspenderla por completo”.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el veedor no responda a los intereses del productor ni del aplicador. La cámara considera que debería tratarse de una figura designada por las autoridades municipales, de modo que su intervención pueda funcionar como una instancia de control entre quienes realizan las aplicaciones y los vecinos que viven en las áreas cercanas.
Landgraf agregó, según la entrevista publicada por Bichos de Campo: “Tiene que tener las capacidades del control y de la sanción. La sanción en ese momento es frenar la aplicación y después podrá haber o no un proceso judicial”.
El esquema pretende separar dos instancias. Por un lado, el control inmediato sobre la aplicación, con capacidad para impedir que continúe si no se cumplen determinadas condiciones. Por otro, las eventuales sanciones administrativas o judiciales que puedan corresponder después.
Para la cámara que representa a la industria de fitosanitarios, las mayores dificultades no se concentran necesariamente en el conjunto de las aplicaciones agrícolas, sino en aquellas realizadas en zonas periurbanas, donde las explotaciones productivas conviven con una población que puede percibir las pulverizaciones como un riesgo.
Landgraf sostuvo ante Bichos de Campo que existe una diferencia entre la cantidad total de aplicaciones que se realizan y los conflictos que llegan a adquirir visibilidad pública. “Cientos de miles de aplicaciones se hacen habitualmente y se hacen de manera correcta. Pero en el periurbano tenemos mayor sensibilidad y percepción pública negativa”, afirmó.
En ese escenario, Casafe considera que un tercero con capacidad técnica podría aportar previsibilidad y reducir las disputas. La figura del veedor, según la entidad, permitiría que las condiciones de cada aplicación sean verificadas en el momento y no solamente después de que se produzca una controversia.
El planteo adquiere relevancia también por el tratamiento judicial que reciben algunos conflictos relacionados con las fumigaciones. De acuerdo con lo señalado por Landgraf a Bichos de Campo, muchos de estos procesos terminan afectando la continuidad de las aplicaciones debido a la aplicación del denominado principio precautorio, mediante el cual se prioriza la prevención ante posibles riesgos para la salud o el ambiente aun cuando exista incertidumbre científica.
La cámara pretende que una regulación nacional pueda reducir ese nivel de incertidumbre mediante protocolos y controles previamente establecidos.
El reclamo por una ley nacional de agroquímicos no es nuevo dentro del sector agropecuario. Uno de los principales problemas identificados por sus actores es la existencia de diferentes regulaciones provinciales y municipales, con distancias, requisitos y procedimientos que pueden variar de una jurisdicción a otra.
Casafe acompaña la posibilidad de establecer un marco nacional que fije criterios comunes. A partir de esa base, las provincias y municipios podrían desarrollar normas específicas de acuerdo con sus características territoriales.
El objetivo no sería eliminar la intervención de las autoridades locales, sino establecer un piso regulatorio común para las aplicaciones de fitosanitarios.
La discusión se vuelve especialmente compleja en los límites entre zonas rurales y urbanas. Allí confluyen intereses productivos, cuestiones ambientales, preocupaciones vinculadas con la salud y decisiones de ordenamiento territorial.
En ese punto, la propuesta de Casafe introduce una figura de control presencial que podría modificar la dinámica de las aplicaciones próximas a centros poblados.
La discusión sobre las aplicaciones también incluye una cuestión que la propia industria reconoce: los productos utilizados para controlar malezas, insectos y enfermedades no son sustancias inocuas.
Consultado por Bichos de Campo sobre la toxicidad de los agroquímicos, Landgraf respondió: “No, por supuesto. No hay sustancia inocua”.
El directivo señaló, sin embargo, que la industria viene orientando parte de sus inversiones hacia el desarrollo de productos con menores niveles de toxicidad. Según explicó, la tendencia se refleja en una mayor participación de productos clasificados dentro de las categorías de menor peligrosidad.
“Desde hace años la tendencia y la inversión en tecnología van hacia la reducción de los niveles de toxicidad de los productos per se. Entonces tenemos cada vez más productos banda verde, de menor toxicidad”, afirmó Landgraf a Bichos de Campo.
El desarrollo de nuevas moléculas requiere, además, inversiones significativas y evaluaciones destinadas a determinar sus efectos sobre las personas y el ambiente. Según el ejecutivo, introducir una nueva molécula en el mercado puede demandar más de US$300 millones.
La transformación tecnológica de la industria no se limita a la reducción de la toxicidad de los productos químicos. Otro de los cambios que atraviesa el mercado es el crecimiento de los insumos biológicos, utilizados como herramientas para el manejo de plagas y enfermedades.
Landgraf consideró que ese crecimiento es concreto y que el mercado de productos biológicos está aumentando a un ritmo superior al de los insumos de síntesis química. Sin embargo, señaló que el desarrollo no avanza de la misma manera en todas las categorías.
En Argentina, una proporción importante de las aplicaciones agrícolas está vinculada con el control de malezas. Esto representa una dificultad para la expansión de los bioherbicidas, cuyo desarrollo se encuentra, según la explicación del directivo, por detrás del de productos biológicos destinados al control de insectos y hongos.
Aun así, Casafe no prevé un reemplazo inmediato de los productos químicos por alternativas biológicas. La perspectiva planteada por Landgraf es de complementariedad entre ambas tecnologías, al menos durante la etapa de expansión del mercado biológico.
“Vemos una total complementariedad con el mercado de químicos. Es un mercado incipiente, pero está creciendo a tasas más rápidas, incluso a nivel global, y vino para quedarse por completo”, sostuvo el ejecutivo en declaraciones a Bichos de Campo.
El cambio también impacta sobre las empresas que participan del negocio. Algunas compañías desarrollan simultáneamente productos químicos y biológicos, mientras que otras concentran su actividad en una de las dos categorías.
La discusión sobre una nueva regulación nacional, en ese contexto, excede la cuestión estrictamente productiva. El debate involucra la convivencia entre agricultura y zonas urbanas, la fiscalización de las aplicaciones, la evolución tecnológica de los fitosanitarios y la necesidad de generar mecanismos que permitan mejorar la confianza entre productores, autoridades y comunidades.
La propuesta del veedor busca precisamente ocupar ese espacio: introducir un control técnico e independiente durante las aplicaciones periurbanas y otorgarle capacidad para impedir una pulverización cuando las condiciones no sean adecuadas. Para Casafe, esa herramienta podría formar parte de una futura legislación nacional destinada a establecer reglas comunes para un tema que desde hace años genera diferencias entre el campo, las comunidades y los distintos niveles del Estado.
