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Por Agroempresario.com
La reciente controversia en torno a la instalación de una planta de gas natural licuado (GNL) ha puesto en el centro de la discusión el futuro del sector energético en Argentina. La decisión de YPF y Petronas de ubicar el nuevo proyecto en el puerto de Punta Colorada, en Río Negro, ha desatado una serie de críticas y contrapuntos que reflejan las tensiones entre distintas provincias y sectores.
Desde hace meses, la industria energética había señalado al puerto de Punta Colorada en Río Negro como la ubicación preferida para el nuevo complejo de GNL. Esta preferencia se basa en varias ventajas técnicas: la profundidad de las aguas del puerto permite el acceso de buques de mayor porte, lo que es crucial para reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas. Además, la ubicación en Sierra Grande minimiza la longitud de los gasoductos necesarios para transportar el gas natural desde Vaca Muerta, y ofrece una amplia disponibilidad de terrenos con menos interferencias de otras actividades económicas.
La administración actual de YPF, continuando el trabajo iniciado por la gestión anterior, ya ha comenzado la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, que conectará el reservorio con Sierra Grande. El objetivo es establecer en Río Negro un hub energético que concentre las exportaciones tanto de crudo como de GNL.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha criticado la elección de Río Negro, calificándola de “intempestiva” y “caprichosa”. Según Kicillof, la elección de la provincia patagónica responde a una decisión arbitraria, ya que la provincia de Buenos Aires había sido inicialmente seleccionada por YPF en 2022. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada, ya que no hubo un comunicado oficial de las petroleras que confirmara la elección previa de Buenos Aires.
Kicillof ha propuesto un Régimen Provincial de Fomento de Inversiones, en contraste con el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) aprobado a nivel nacional. Este régimen ofrece incentivos fiscales que Río Negro ya ha implementado, incluyendo la exención de impuestos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos por 10 años. La falta de consenso entre las provincias ha dejado a Buenos Aires en una posición desventajosa en esta competencia.
El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner también había intentado impulsar un régimen específico para el GNL, pero el proyecto de ley quedó estancado en el Congreso y no alcanzó su aprobación completa antes del final del mandato. Esto ha generado frustración entre los inversores, que esperaban un marco regulatorio más claro y favorable.
El debate sobre la ubicación de la planta de GNL en Argentina no solo refleja la competencia entre provincias por atraer inversiones, sino también la complejidad de las decisiones políticas y económicas que afectan al sector energético. Mientras Río Negro avanza con su proyecto, Buenos Aires busca alternativas para mejorar su competitividad en un mercado energético cada vez más globalizado.
