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Brasil avanzó esta semana en la regulación de los combustibles sostenibles para la aviación (SAF) con la puesta en marcha de un programa que establece metas obligatorias de reducción de emisiones para las aerolíneas y prevé una fuerte expansión de la producción durante los próximos años. La medida, formalizada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, fue cuestionada desde el sector agroexportador argentino, que advirtió que la falta de una legislación moderna sobre biocombustibles puede dejar al país rezagado frente a su principal socio regional.
La nueva normativa brasileña reglamenta el Programa Nacional de Combustible Sustentable de Aviación (ProBioQAV), previsto en la denominada Ley de Combustibles del Futuro. El esquema crea un marco para la producción, certificación, comercialización y utilización de SAF y establece obligaciones progresivas para el transporte aéreo doméstico.
La decisión vuelve a poner en primer plano la diferencia entre las políticas energéticas de Brasil y Argentina. Mientras el país vecino avanza con un sistema que busca incorporar combustibles de menor intensidad de carbono a la aviación, en Argentina continúa pendiente la actualización del marco legal para los biocombustibles.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) cuestionaron esa demora y señalaron que el desarrollo de nuevas energías puede convertirse en una vía para agregar valor a las materias primas agrícolas.
El presidente de la entidad, Gustavo Idígoras, sostuvo que Brasil está construyendo una estrategia de largo plazo mientras Argentina permanece rezagada. En declaraciones difundidas por CIARA-CEC, afirmó: “Mientras Brasil construye futuro nosotros vivimos en el pasado” y reclamó una legislación que permita impulsar nuevas inversiones y promover la competencia en el sector.
El decreto brasileño 13.094/2026 establece las condiciones para desarrollar el mercado de SAF. La norma no fija un porcentaje obligatorio de mezcla entre el combustible sostenible y el querosén convencional, sino que establece metas de reducción de emisiones que deberán cumplir las empresas aéreas.
El programa comenzará en 2027 con una meta de reducción del 1% y avanzará gradualmente hasta alcanzar el 10% en 2037.
A partir de esos objetivos, cada compañía deberá determinar la cantidad de combustible sostenible necesaria para alcanzar la reducción de emisiones exigida.
El modelo busca generar una demanda estable para el SAF y, de esa manera, brindar previsibilidad a las inversiones destinadas a desarrollar plantas, tecnologías y cadenas de abastecimiento.
Las proyecciones oficiales brasileñas muestran la magnitud que podría alcanzar este mercado. El gobierno estima que la producción de SAF llegará a 2.100 millones de litros anuales en 2030 y a 3.600 millones de litros en 2035.
El Ministerio de Minas y Energía de Brasil también proyecta inversiones por alrededor de 39.000 millones de reales hasta 2033. Según las estimaciones oficiales, ese proceso podría aportar unos 13.000 millones de reales al Producto Interno Bruto y evitar la emisión de más de 8 millones de toneladas de dióxido de carbono durante la primera década del programa.
El impacto de la nueva política no se limita al sector energético. El SAF puede producirse a partir de diferentes materias primas y algunas de ellas están directamente vinculadas con la actividad agropecuaria.
La reglamentación brasileña contempla el uso de aceites vegetales, grasas animales, etanol de caña de azúcar o de maíz y residuos agrícolas, forestales y orgánicos. También admite combustibles sintéticos elaborados a partir de hidrógeno y carbono capturado y determinadas alternativas de coproducción en refinerías.
Para la agroindustria brasileña, la incorporación de estos insumos a una cadena energética de alto valor agregado representa una posibilidad de ampliar mercados para productos agrícolas y subproductos.
Ese aspecto es uno de los puntos que genera mayor preocupación en Argentina. El país cuenta con una importante producción de soja, maíz y aceites vegetales, además de una industria de biocombustibles desarrollada, pero todavía no tiene un esquema específico que permita aprovechar plenamente esas materias primas para abastecer mercados emergentes como el de los combustibles sostenibles de aviación.
La discusión excede al sector aeronáutico. El desarrollo de combustibles de nueva generación puede generar demanda adicional para los cultivos, promover inversiones industriales y ampliar las posibilidades de exportación de productos procesados.
Desde CIARA-CEC remarcaron precisamente ese potencial. La entidad planteó que los biocombustibles pueden permitir agregar valor a las materias primas agrícolas, promover inversiones y generar empleo calificado, además de contribuir al desarrollo de las economías regionales.
Otro de los elementos centrales del programa brasileño es el sistema de certificación obligatoria para el SAF, tanto para los combustibles producidos dentro del país como para los importados.
La normativa crea el Certificado de Sustentabilidad del SAF (CS-SAF), que deberá permitir conocer el origen y las características del combustible utilizado.
El certificado incluirá información sobre la materia prima, la ruta tecnológica empleada para producir el combustible, el volumen y la masa de SAF, el productor, la planta de origen y el lugar donde se realizó la mezcla.
También deberá registrar la intensidad de carbono del combustible y el porcentaje de reducción de emisiones frente a una alternativa fósil.
Las aerolíneas tendrán que adquirir esos certificados y retirarlos para acreditar ante la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) que cumplieron con las metas de reducción establecidas por el programa.
La creación de este mecanismo apunta a garantizar la trazabilidad del combustible y evitar que el cumplimiento de los objetivos ambientales quede reducido a una declaración de origen o a una medición parcial de las emisiones.
El avance brasileño volvió a poner bajo la lupa el estado de la legislación argentina sobre biocombustibles.
La normativa vigente en Argentina establece un marco para el uso de biocombustibles en el mercado interno, pero el sector agroindustrial considera necesario actualizarla para incorporar nuevas tecnologías, ampliar la competencia y generar condiciones que permitan atraer inversiones.
El proyecto de una nueva Ley de Biocombustibles continúa su recorrido legislativo sin alcanzar todavía la sanción definitiva. Mientras tanto, Brasil avanza con instrumentos específicos para crear mercados futuros de combustibles sostenibles.
Para los cerealeros argentinos, la demora representa un riesgo porque otros países están construyendo demanda para productos agrícolas destinados a nuevas aplicaciones energéticas.
Idígoras sostuvo que Argentina debería aprovechar su disponibilidad de materias primas y su capacidad industrial. En ese sentido, planteó que “El futuro de Argentina pasa por generar bioenergías basadas en materia prima agrícola con alta calidad y sustentabilidad”, según la posición difundida por CIARA-CEC.
La entidad también señaló que la experiencia brasileña demuestra que la transición energética puede transformarse en una herramienta de desarrollo productivo para las cadenas agroindustriales.
El desafío consiste en evitar que las nuevas exigencias ambientales se conviertan únicamente en mayores costos para los productores y exportadores. Para eso, el sector reclama reglas que permitan desarrollar inversiones, garantizar la competencia y aprovechar la disponibilidad de materias primas locales.
El mercado de SAF todavía se encuentra en una etapa inicial a escala global, pero las decisiones que están tomando los principales países pueden determinar dónde se concentrarán las inversiones y las nuevas capacidades industriales.
Brasil decidió avanzar mediante una combinación de metas ambientales obligatorias, certificación, trazabilidad e incentivos a la producción. El objetivo es generar un mercado capaz de vincular al sector energético con la industria agrícola y con el transporte aéreo.
Para Argentina, la oportunidad está relacionada con su propia estructura productiva. La disponibilidad de soja, maíz y otras materias primas puede ofrecer una base para desarrollar combustibles sostenibles, siempre que exista un marco regulatorio que permita transformar esos recursos en productos de mayor valor agregado.
La discusión también se vincula con la competitividad exportadora. Los mercados internacionales incorporan cada vez más criterios de huella de carbono, trazabilidad y sostenibilidad, por lo que contar con sistemas de certificación y producción de combustibles de menor intensidad de emisiones puede convertirse en una ventaja comercial.
Desde CIARA-CEC insistieron en que los biocombustibles pueden beneficiar a toda la cadena, desde la producción primaria hasta la industria y los consumidores.
La diferencia con Brasil, por ahora, está en la velocidad con la que cada país está construyendo ese marco. Mientras Brasil ya reglamentó un programa específico para la aviación y definió metas que comenzarán a regir en 2027, Argentina todavía discute cómo actualizar su legislación general sobre biocombustibles.
El avance brasileño funciona así como una señal para la agroindustria argentina: la transición energética también puede convertirse en una nueva demanda para los granos y sus derivados. El desafío será transformar esa oportunidad potencial en inversiones concretas antes de que otros países ocupen esos mercados.
