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El Gobierno argentino aprobó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que habilita una línea de crédito de hasta USD 700 millones para financiar la transformación digital de los sistemas sanitarios provinciales durante los próximos diez años. El primer desembolso será para Mendoza, que accederá a USD 85 millones para modernizar su sistema público, según informó Infobae.
La operación quedó formalizada mediante el decreto 757/2026, publicado este miércoles, y establece el marco para una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP), identificada como AR-O0033.
El programa contempla financiamiento para distintos gobiernos provinciales y tiene como objetivo mejorar la atención pública mediante la incorporación de tecnología, infraestructura y herramientas digitales.
En el caso de Mendoza, los USD 85 millones estarán destinados a un proyecto denominado “Consolidación de la Transformación Digital del Sistema de Salud”, que apunta a mejorar la calidad, continuidad y seguridad de la atención en la red pública provincial.
Los recursos permitirán financiar diferentes áreas vinculadas con la modernización del sistema:
Infraestructura y equipamiento digital, sistemas de información y servicios digitales, capacitación de los equipos, gestión del cambio, interoperabilidad, inteligencia sanitaria y ciberseguridad.
El proyecto será ejecutado por el gobierno de Alfredo Cornejo, mientras que el Estado nacional tendrá un rol central en la estructura de garantías requerida para concretar el financiamiento.
El decreto faculta al ministro de Economía, Luis Caputo, o a los funcionarios que designe, junto con el secretario de Finanzas, a suscribir el acuerdo CCLIP y los contratos de garantía y contragarantía correspondientes.
El esquema establece que la Nación garantizará las obligaciones que Mendoza asuma ante el BID. A su vez, la provincia deberá otorgar una contragarantía al Estado nacional para respaldar el crédito.
El acuerdo incluye además una cláusula que permite al Gobierno nacional realizar un débito automático sobre los fondos de coparticipación de Mendoza en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas.
El financiamiento fue analizado por organismos económicos nacionales antes de su aprobación. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) evaluó el impacto de la operación sobre la balanza de pagos y concluyó que “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales”.
La Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía también analizó las condiciones financieras. Según el organismo, el costo del préstamo es inferior al que la Argentina podría obtener en el mercado, por lo que no presentó objeciones a la operación.
El acuerdo con el BID tendrá una vigencia de diez años desde su entrada en vigor. Durante ese período, las provincias podrán acceder al financiamiento bajo el esquema establecido por el programa, sujeto a la aprobación de los proyectos correspondientes.
La operación abre así una nueva vía de financiamiento internacional para que las provincias incorporen tecnología y modernicen la prestación de servicios públicos. Mendoza será el primer caso concreto, con un crédito de USD 85 millones dentro de una línea que puede alcanzar los USD 700 millones.
