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La crisis de SanCor atraviesa una nueva etapa de incertidumbre, las plantas de la ex cooperativa permanecen paralizadas en Santa Fe y Córdoba mientras distintos oferentes esperan una definición judicial que permita avanzar con la adjudicación de activos y poner en marcha nuevamente la actividad industrial. Según la información difundida por TN, la demora también mantiene pendientes el pago de salarios y otras acreencias, en un escenario que afecta a trabajadores, proveedores y comunidades vinculadas históricamente con la compañía.
La situación se produce después de años de deterioro financiero y laboral de la empresa láctea. El conflicto acumula casi una década desde los primeros retrasos salariales denunciados por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), mientras que el proceso judicial atravesó distintas instancias hasta llegar a la declaración de quiebra solicitada por la propia firma.
El punto central del conflicto actual está en la falta de una resolución judicial firme que permita destrabar el proceso de liquidación de bienes y definir el futuro de las instalaciones. Mientras esa decisión no llega, los activos permanecen sin una utilización productiva que permita recuperar parte de la capacidad industrial que SanCor tuvo durante décadas.
Uno de los aspectos que genera mayor expectativa entre los trabajadores es que, pese a la crisis, existe interés privado por las instalaciones. De acuerdo con la información publicada por TN, varios oferentes adquirieron los pliegos de licitación con la intención de invertir y darles una utilización efectiva a las plantas.
La expectativa de los representantes gremiales es que esas propuestas puedan traducirse en producción, empleo y ocupación de las instalaciones. Sin embargo, el avance de las inversiones depende de que la Justicia defina el marco que permita adjudicar o liquidar los bienes.
La demora tiene un doble impacto. Por un lado, impide que las plantas vuelvan a generar actividad y puestos de trabajo. Por otro, prolonga la espera de quienes tienen créditos pendientes contra la empresa.
En ese contexto, la situación de los trabajadores continúa siendo uno de los principales problemas derivados de la crisis. Los empleados que permanecen vinculados a la empresa enfrentan un escenario de falta de tareas y dificultades para percibir sus ingresos, mientras que quienes se acogieron en su momento al Retiro Voluntario Anticipado también aguardan por la liquidación de los activos y el pago de las sumas adeudadas.
El conflicto, por lo tanto, no se limita al futuro industrial de SanCor. También involucra el destino económico de cientos de familias que dependieron de la compañía y que todavía no tienen una fecha concreta para resolver sus acreencias.
La situación actual es el resultado de un proceso de deterioro que comenzó mucho antes de la instancia judicial en la que se encuentra actualmente la empresa.
Según los antecedentes consignados por TN, hace aproximadamente nueve años comenzaron a registrarse retrasos en los pagos salariales y problemas vinculados con los haberes de los trabajadores. ATILRA expuso esas dificultades y sostuvo reclamos durante los años posteriores.
Más adelante, SanCor ingresó en un concurso preventivo, proceso que lleva alrededor de un año y medio. Cuatro meses antes de la fecha de la información, la empresa llegó además a la instancia de quiebra solicitada por la propia compañía.
La sucesión de procesos judiciales y financieros dejó a la cooperativa en una posición crítica. La actividad industrial se redujo y distintas instalaciones quedaron sin el nivel de funcionamiento que habían tenido históricamente.
Ahora, la posibilidad de recuperar parte de esa infraestructura depende de la resolución del proceso judicial y de la capacidad de los interesados para avanzar con propuestas concretas.
La cuestión es especialmente sensible porque SanCor no fue solamente una empresa industrial. Durante décadas, sus plantas formaron parte de la estructura económica de localidades de Santa Fe y Córdoba, donde la actividad láctea generó empleo directo e indirecto y sostuvo una red de proveedores y productores.
El freno de las plantas tiene consecuencias que exceden a los trabajadores de la compañía. Las localidades que desarrollaron buena parte de su actividad económica alrededor de la industria láctea también quedaron expuestas al deterioro de la empresa.
La paralización industrial significa que una parte de la infraestructura productiva permanece inactiva mientras las comunidades esperan una salida que permita recuperar empleo y movimiento económico.
La situación también repercute sobre la cadena de abastecimiento. La leche que anteriormente podía ingresar a las plantas de SanCor debe encontrar otros destinos industriales, mientras que la capacidad instalada de la ex cooperativa permanece sin una utilización acorde con su dimensión.
Para las comunidades vinculadas a la empresa, la expectativa está puesta en que una eventual adjudicación permita recuperar la actividad productiva y evitar un deterioro irreversible de las instalaciones.
El problema es que cada mes de demora agrega presión sobre una infraestructura que requiere mantenimiento y sobre trabajadores que continúan sin una definición sobre su futuro.
A las dificultades económicas y judiciales se incorporó además un problema relacionado con la cobertura sanitaria de los trabajadores.
Según lo informado por TN, la Superintendencia de Servicios de Salud resolvió la exclusión legal de los empleados respecto de la cobertura de la obra social vinculada al sector lácteo.
La medida agrega incertidumbre a un escenario laboral ya deteriorado. Para los trabajadores, la crisis dejó de estar relacionada únicamente con la continuidad de sus empleos y los salarios adeudados y pasó a involucrar también aspectos vinculados con la protección social.
El cuadro es diferente según la situación de cada trabajador, pero la falta de una resolución definitiva sobre los activos de SanCor atraviesa a todos los sectores afectados.
Los empleados que todavía mantienen algún vínculo con la compañía esperan una salida laboral, mientras que quienes optaron por el retiro voluntario aguardan el pago de las acreencias que quedaron pendientes.
El futuro inmediato de las plantas depende de una definición judicial que permita determinar cómo continuará el proceso de liquidación y qué destino tendrán los activos.
La existencia de interesados en adquirir o utilizar las instalaciones introduce una posibilidad de recuperación productiva, pero esa alternativa no puede concretarse hasta que estén dadas las condiciones legales para avanzar.
En este punto, el conflicto de SanCor exhibe una tensión entre los tiempos judiciales y la urgencia económica de trabajadores, acreedores y comunidades. Mientras el expediente continúa su curso, las plantas permanecen detenidas y los potenciales inversores no pueden transformar sus propuestas en operaciones concretas.
La eventual reactivación permitiría recuperar capacidad industrial y generar nuevamente empleo en zonas donde la empresa tuvo durante décadas una fuerte presencia. También podría ofrecer una vía para comenzar a resolver parte de las deudas acumuladas.
Por ahora, sin embargo, la definición sigue pendiente. La infraestructura permanece inmovilizada, los trabajadores continúan a la espera y los oferentes que mostraron interés deben aguardar una resolución que establezca las condiciones para avanzar.
El desafío consiste en evitar que el paso del tiempo termine deteriorando aún más el valor productivo de los activos. Para las localidades que dependen de esa infraestructura y para las familias afectadas por la crisis, la reactivación de las plantas aparece como la alternativa para recuperar empleo y actividad, pero su concreción todavía depende de la resolución del proceso judicial.
