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El Senado de la Nación volvió a poner en discusión esta semana el futuro de la legislación sobre biocombustibles, luego de que diferencias planteadas por legisladores santafesinos provocaran la suspensión de una sesión prevista para este jueves. El oficialismo evalúa ahora como alternativa avanzar con un proyecto que excluya al biodiésel y se concentre en el bioetanol, con el objetivo de actualizar el régimen vigente y facilitar nuevas inversiones en el sector.
La situación fue informada por Bichos de Campo, que señaló que el conflicto surgió durante la reunión de labor parlamentaria convocada en el Senado. Allí, el senador santafesino Marcelo Néstor Lewandowski, del bloque Justicialista, cuestionó el tratamiento previsto para las pequeñas y medianas empresas que no están integradas verticalmente en la cadena de producción de biocombustibles.
Las objeciones generaron dudas entre otros legisladores de Santa Fe y terminaron debilitando los apoyos necesarios para llevar el proyecto al recinto. Como consecuencia, se suspendió la sesión ordinaria que estaba programada para este jueves, en la que el oficialismo de La Libertad Avanza pretendía tratar un paquete de iniciativas que incluía, entre otros temas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, el traspaso de la Justicia de menores y determinadas competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires y la reforma del régimen de biocombustibles.
El episodio reabrió una alternativa que ya había sido considerada semanas atrás: separar el tratamiento del bioetanol del biodiésel. La estrategia permitiría concentrar los esfuerzos legislativos en el combustible renovable destinado a mezclarse con naftas, mientras el biodiésel continuaría bajo las reglas actualmente vigentes.
Según la información publicada por Bichos de Campo, el principal interés detrás de esa posibilidad está vinculado con el potencial de crecimiento de la producción de bioetanol. El sector espera modificaciones en el porcentaje obligatorio de mezcla con naftas, una medida que podría destrabar inversiones por cientos de millones de dólares que permanecen a la espera de definiciones regulatorias.
El proyecto contempla elevar el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% después de un año de entrada en vigencia de la eventual nueva norma. La modificación representa uno de los principales cambios propuestos para el mercado y apunta a incrementar la participación del combustible de origen renovable en el consumo de naftas.
La iniciativa también establece un mecanismo específico para la distribución de los cupos. A partir de licitaciones, los volúmenes correspondientes al actual corte del 12% deberían distribuirse en partes iguales entre productores de bioetanol de caña de azúcar y de maíz.
Los tres puntos porcentuales adicionales necesarios para alcanzar el 15%, en cambio, quedarían fuera de una regulación específica respecto de la materia prima utilizada. Esa diferencia es uno de los elementos centrales del esquema que se analiza para el sector.
La eventual separación de ambos combustibles implicaría que el biodiésel no sea incluido en la nueva iniciativa y permanezca regulado por la Ley 27.640 y las modificaciones posteriores.
El régimen vigente establece un corte obligatorio de biodiésel en el gasoil. La proporción fijada originalmente en 5% fue elevada posteriormente al 7,5% mediante el Decreto 438/2022.
De acuerdo con lo señalado por Bichos de Campo, ese marco regulatorio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030. Por lo tanto, cualquier modificación integral del régimen del biodiésel quedaría para una instancia posterior y, eventualmente, para el próximo gobierno.
La posibilidad de avanzar por separado busca evitar que las diferencias existentes entre los distintos actores de la cadena de biocombustibles bloqueen una actualización específica para el bioetanol. El debate enfrenta intereses de grandes empresas productoras y de pymes elaboradoras, especialmente en relación con la forma en que se distribuyen los cupos y las condiciones de participación dentro del mercado.
El planteo de Lewandowski puso el foco precisamente en la situación de las empresas más pequeñas que no forman parte de estructuras productivas integradas. La discusión adquirió especial relevancia entre los representantes de Santa Fe, una de las provincias con fuerte presencia de la industria vinculada a los biocombustibles.
La suspensión de la sesión modificó así el escenario legislativo que hasta ese momento parecía encaminado hacia un tratamiento conjunto. El oficialismo había conseguido previamente un dictamen sobre una propuesta que buscaba reunir distintos consensos en torno al nuevo régimen, pero las objeciones surgidas en la instancia previa al debate en el recinto volvieron a abrir la discusión.
El incremento del porcentaje de bioetanol mezclado con las naftas es seguido con atención por las empresas del sector porque podría generar un aumento significativo de la demanda interna. La expectativa de mayores volúmenes comercializados aparece asociada a proyectos de ampliación y nuevas plantas que requieren un horizonte regulatorio más previsible.
La producción argentina de bioetanol utiliza principalmente caña de azúcar y maíz, dos materias primas con cadenas productivas diferentes y una fuerte presencia regional. El esquema planteado busca preservar una participación equivalente de ambos orígenes dentro del volumen correspondiente al corte actualmente obligatorio.
A partir del aumento hasta el 15%, el margen adicional quedaría sujeto a un esquema diferente. Los tres puntos porcentuales que se sumen al 12% no tendrían una exigencia específica sobre el origen de la materia prima, según el proyecto mencionado por Bichos de Campo.
El debate se produce, además, en un contexto internacional marcado por conflictos bélicos que afectan los mercados energéticos y agrícolas. Para los impulsores de una mayor utilización de biocombustibles, incrementar la oferta doméstica puede contribuir a reducir la exposición del mercado interno a las variaciones de los combustibles fósiles y mejorar el aprovechamiento de recursos producidos localmente.
La discusión también tiene una dimensión industrial. Un aumento sostenido de la demanda de bioetanol podría requerir nuevas inversiones en capacidad de producción, infraestructura y logística, además de generar una mayor demanda de las materias primas utilizadas para elaborar el combustible.
En ese escenario, la posibilidad de aprobar primero una legislación específica para el bioetanol aparece como una vía para evitar que el desacuerdo sobre el biodiésel impida cualquier avance legislativo.
Por ahora, se trata de una alternativa que vuelve a estar sobre la mesa después del fracaso del intento de llevar el proyecto consensuado al recinto. El oficialismo deberá definir si busca reconstruir los acuerdos sobre el texto original o si opta por dividir el tratamiento de los dos principales biocombustibles.
La decisión tendrá impacto no solo sobre las empresas elaboradoras, sino también sobre los productores de maíz y caña de azúcar, las petroleras que participan del mercado de combustibles y las provincias vinculadas con esas cadenas productivas.
Mientras el biodiésel cuenta con un horizonte normativo definido hasta fines de 2030, el bioetanol podría convertirse en el primer capítulo de una nueva discusión legislativa sobre biocombustibles. La clave estará en determinar si el Congreso logra construir un consenso suficiente para elevar el corte obligatorio al 15% y establecer nuevas reglas para la asignación de los volúmenes.
La disputa que frenó la sesión, por lo tanto, no cerró el debate sobre los biocombustibles. Por el contrario, abrió la posibilidad de un “plan B” legislativo, enfocado exclusivamente en el bioetanol y orientado a destrabar las inversiones que el sector mantiene pendientes.
