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El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) pidió al Senado avanzar con la aprobación de un marco regulatorio para el mercado de créditos de carbono, una iniciativa que, según las estimaciones del sector, podría permitir a la Argentina captar entre US$1.400 millones y US$3.900 millones anuales y movilizar más de US$2.000 millones en inversiones territoriales en el mediano plazo. El reclamo se conoció el 11 de septiembre de 2026, luego de que las comisiones legislativas emitieran dictamen sobre los proyectos destinados a establecer reglas para estos mercados, considerados estratégicos para transformar la reducción o captura de gases de efecto invernadero en una nueva fuente de financiamiento y divisas para el sector agroindustrial.
El CAA manifestó su respaldo a los proyectos de ley que conforman el Marco Regulatorio del Mercado de Carbono, identificados como los expedientes S-718, 808 y 865/26. Para las entidades empresarias, contar con reglas definidas permitiría otorgar previsibilidad a los desarrolladores de proyectos, atraer capital y facilitar la participación argentina en mercados internacionales de créditos de carbono.
La discusión adquiere relevancia para el agro porque numerosas actividades productivas pueden generar certificados asociados a la reducción o captura de emisiones. Entre ellas se encuentran el manejo de suelos, la ganadería regenerativa, la actividad forestal, la bioenergía y el biocarbón, prácticas que pueden generar activos ambientales susceptibles de comercialización,indico TNCampo.
Un crédito de carbono representa, en términos generales, una tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO₂eq) evitada o capturada mediante un proyecto que demuestre una reducción o remoción de emisiones.
En el sector agropecuario y forestal, estos mecanismos permiten asignar un valor económico a determinadas prácticas de manejo que contribuyen a mitigar el cambio climático. La generación de créditos requiere metodologías de medición, certificación y verificación que permitan demostrar que la reducción o captura de emisiones es real y cuantificable.
Actualmente, Argentina cuenta con más de 40 proyectos de carbono en ejecución, según los datos difundidos por el CAA. La mayoría se encuentra vinculada a los mercados voluntarios, donde empresas compran créditos para compensar parte de sus emisiones bajo esquemas privados.
El sector pretende ahora ampliar ese universo y conectar los proyectos nacionales con mecanismos internacionales que permitan acceder a mercados de mayor escala y, potencialmente, a mejores precios.
Desde el CAA señalaron que la legislación debería garantizar que los titulares de los proyectos sean reconocidos como propietarios de los créditos generados, además de respetar las competencias provinciales sobre los recursos naturales y el federalismo ambiental.
La entidad también valoró que la iniciativa contemple un esquema de estabilidad fiscal durante 10 años, la exención de derechos de exportación y la creación de un Registro Nacional de Reducción y Remoción de Gases de Efecto Invernadero, conocido como ReNaRe.
Según la posición expresada por el nucleamiento empresario, el registro debería funcionar como una herramienta para asegurar la trazabilidad y evitar la doble contabilización de las reducciones de emisiones, sin convertirse en una instancia que agregue obstáculos administrativos a los proyectos.
Uno de los principales argumentos utilizados por el sector para impulsar la legislación es su potencial económico.
Las estimaciones técnicas y ambientales citadas por el CAA ubican entre US$1.400 millones y US$3.900 millones anuales el potencial de generación de divisas asociado a los créditos de carbono argentinos, si el país logra establecer un marco regulatorio que permita desarrollar el mercado y conectar la oferta nacional con compradores internacionales.
A ese flujo potencial se sumarían inversiones territoriales por más de US$2.000 millones en el mediano plazo, destinadas al desarrollo de proyectos vinculados con actividades agropecuarias, forestales y energéticas.
La magnitud de esas cifras, sin embargo, depende de distintos factores: la cantidad de proyectos que puedan desarrollarse, los estándares de certificación utilizados, la demanda internacional, los precios de los créditos y la posibilidad efectiva de acceder a mercados regulados.
El propio sector reconoce que una ley, por sí sola, no garantiza esos ingresos. El objetivo es crear las condiciones jurídicas y regulatorias necesarias para que los proyectos puedan acceder a nuevas fuentes de financiamiento y comercialización.
En este punto aparece una de las principales diferencias entre los mercados voluntarios y los mecanismos regulados. Mientras los primeros se desarrollan a partir de compromisos corporativos y estándares privados, los mercados vinculados a compromisos internacionales pueden establecer requisitos más estrictos y ofrecer nuevas oportunidades de comercialización.
El CAA puso el foco en dos instrumentos que considera relevantes para ampliar las posibilidades de los proyectos argentinos: el Artículo 6 del Acuerdo de París y el esquema CORSIA, correspondiente al sector de la aviación internacional.
El Artículo 6 establece mecanismos de cooperación entre países para alcanzar sus objetivos climáticos y contempla la posibilidad de transferir internacionalmente determinados resultados de mitigación. CORSIA, por su parte, es el sistema creado para abordar las emisiones de la aviación internacional mediante medidas de reducción y compensación.
La participación en estos mecanismos exige contar con sistemas nacionales capaces de demostrar con precisión cuánto se redujeron o capturaron las emisiones y evitar que una misma reducción sea contabilizada por más de un actor.
Por ese motivo, el sector agroindustrial también reclamó una actualización de la agenda climática argentina y la presentación de la denominada NDC 3.0 ante la Organización de las Naciones Unidas.
La NDC, o Contribución Determinada a Nivel Nacional, establece los compromisos climáticos que cada país asume en el marco del Acuerdo de París. Para los empresarios agroindustriales, contar con metas nacionales claras y un inventario actualizado de gases de efecto invernadero es fundamental para otorgar respaldo técnico a los certificados generados por proyectos locales.
Desde el CAA sostuvieron que la consolidación del Inventario Nacional de GEI y la definición de metas de reducción transparentes son condiciones necesarias para que las certificaciones argentinas puedan cumplir con los estándares internacionales.
El presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, Gustavo Idígoras, puso el énfasis en la necesidad de transformar las ventajas ambientales de la producción argentina en oportunidades económicas.
“La agroindustria argentina reúne condiciones diferenciales únicas mediante el manejo de suelos, la ganadería regenerativa, la actividad forestal, la bioenergía y el biocarbón”, afirmó Idígoras, según informó el CAA.
El dirigente sostuvo que el potencial ambiental debe complementarse con reglas que permitan atraer capital. “Pero para transformar esa ventaja competitiva en inversión y empleo genuino necesitamos previsibilidad e institucionalidad legal de manera prioritaria”, agregó.
En la misma línea, el Consejo Agroindustrial reclamó al Senado de la Nación que trate y apruebe el proyecto con rapidez. El argumento central es que la ausencia de un marco específico limita la capacidad de los productores y desarrolladores argentinos para aprovechar una tendencia creciente de los mercados internacionales.
La entidad considera que la regulación debería permitir comercializar los créditos generados por proyectos nacionales con libertad y sin autorizaciones administrativas que agreguen costos o demoras innecesarias.
El debate, de todos modos, involucra aspectos que exceden el interés económico del sector. La regulación deberá definir cómo se garantiza la integridad ambiental de los créditos, cómo se evita la doble contabilización, cuál será el rol del Estado nacional y de las provincias y qué condiciones deberán cumplir los proyectos para participar de mercados internacionales.
Para el agro argentino, el mercado de carbono aparece así como una posible fuente adicional de ingresos en un contexto en el que la producción busca diversificar sus mecanismos de financiamiento y mejorar el valor económico de prácticas vinculadas con la sostenibilidad.
La existencia de más de 40 proyectos en marcha muestra que el mercado ya comenzó a desarrollarse pese a la falta de una legislación integral. El desafío que plantea ahora el sector es establecer reglas que permitan ampliar esa experiencia, atraer inversiones y conectar los proyectos argentinos con la demanda internacional.
Si el Congreso avanza con un marco regulatorio, la Argentina podría contar con una estructura institucional destinada a ordenar un mercado que combina producción agropecuaria, ambiente, inversiones y comercio internacional. Para el CAA, esa regulación representa una condición necesaria para que la captura y reducción de emisiones deje de ser solamente un beneficio ambiental y pueda convertirse también en una fuente significativa de divisas, inversión y empleo.
