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Las caravanas electrónicas para el ganado podrán ser comercializadas y colocadas por entes sanitarios y fundaciones habilitados, de acuerdo con la Resolución 898/2026 del Senasa. La medida fue publicada por Bichos de Campo el 16 de octubre de 2026 y busca ampliar la red territorial del sistema de identificación animal, en medio de cuestionamientos de productores por el costo de los dispositivos.
La norma autoriza a los entes sanitarios y a las fundaciones de lucha contra la fiebre aftosa a adquirir dispositivos oficiales de identificación animal a proveedores registrados y luego comercializarlos o entregarlos a los productores. También permite que presten servicios de colocación y lectura electrónica y remitan la información al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA).
Según el Senasa, la incorporación de estas entidades apunta a mejorar la implementación del sistema. El organismo destacó que cuentan con capacidad operativa, presencia territorial y experiencia en tareas sanitarias en establecimientos ganaderos.
La comercialización debe realizarse dentro de la red de distribución de un proveedor de dispositivos oficiales debidamente inscripto. Los entes deberán informar qué productor solicitó los dispositivos y detallar cantidad, tipo y rango de numeración. El proveedor será responsable de registrar en el SIGSA la asignación al productor; los dispositivos no podrán declararse aplicados hasta que esa asignación esté vinculada con un RENSPA.
Las entidades que presten el servicio deberán utilizar la aplicación SIGBioTraza para leer electrónicamente cada dispositivo en el establecimiento. La lectura se asociará con datos del animal, entre ellos sexo, raza y mes y año de nacimiento, y la información se remitirá al SIGSA.
La carga de esos datos no completa por sí sola la declaración. El productor deberá revisarlos y confirmarlos, salvo que haya autorizado al ente a realizar ese paso en su nombre. La resolución mantiene la responsabilidad del ganadero aunque intervenga una entidad sanitaria.
Los entes también tendrán que llevar un registro digital de los dispositivos adquiridos, entregados y disponibles. El registro debe incluir aquellos que se pierdan, sean robados o queden inutilizados, y conservarse durante cinco años para eventuales controles del Senasa.
El organismo podrá suspender preventivamente la autorización si detecta diferencias injustificadas entre las existencias y los registros, fallas de trazabilidad o caravanas declaradas como aplicadas que no hayan sido colocadas y leídas en el campo.
La medida se incorpora a un sistema obligatorio que generó cuestionamientos entre productores, especialmente por el costo de la tecnología. La habilitación de entes sanitarios agrega una vía de distribución y prestación de servicios, pero no elimina las obligaciones de identificación y registro que establece la normativa.
La resolución comenzará a regir el 17 de octubre de 2026. Por tratarse de una fecha posterior a la publicación de la fuente, la entrada en vigencia se presenta como un hecho futuro con fecha explícita, no como una implementación ya concretada.
