A poco de que venza el cepo a las exportaciones de carne dispuesto por el Gobierno en mayo, los sectores exportadores aguardan el levantamiento parcial de las restricciones, que se anunciará hoy, junto con el congelamiento de precios de once cortes populares de acá a fin de año.
Sin embargo, los sectores productivos nucleados a nivel nacional a través de la Mesa de Enlace, expresaron que no aceptarán una flexibilización parcial y podrían tomar -nuevamente- medidas de fuerza. En este sentido, se analiza la posibilidad de iniciar un paro en la comercialización de granos y llevar adelante una marcha federal al Obelisco el 9 de julio.
Desde el Gobierno, señalaron que su mayor interés es el lanzamiento del Plan Ganadero que tiene como meta incrementar la producción de carne anual de 3 a 5 millones de toneladas y el establecimiento de pautas de congelamiento de precios –de cara a las elecciones-, que incluirán cortes populares a valores accesibles para el público local.
El acuerdo alcanzado implicaría que la mitad de la carne que se produce quede en la Argentina, haciendo énfasis en los cortes parrilleros y los destinados a la elaboración de milanesas. De esta manera, se podrá embarcar el 50% de los volúmenes registrados en 2020.
Esto significaría que, por mes, se habilitarían unas 65.000 toneladas, con cupos autorregulables por los frigoríficos y controles por parte del Gobierno; todo acompañado revisiones mensuales. No obstante, es posible que en agosto se decreten mayores aperturas.
La Mesa de Enlace se mostró en desacuerdo con lo negociado, ya que plantea que el levantamiento parcial del cepo no aliviaría el bolsillo de los argentinos, mientras que los cupos desalientan la actividad ganadera. Por otra parte, el organismo que nuclea a la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentina (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), considera que el presidente, Alberto Fernández, los “ninguneó”, al tomar medidas sin su consenso.
Por otra parte, un grupo de entidades rurales de distintas localidades bonaerenses comunicó que en caso de que la propuesta oficial no sea “plenamente satisfactoria” o implique algún tipo de “menoscabo o vicio oculto”, la respuesta debería ser un cese de comercialización de carnes y granos.