El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció sus primeras decisiones de gobierno tras asumir la conducción del país en medio de una crisis institucional y financiera. Durante una reunión con integrantes de su gabinete, dispuso el despliegue de las Fuerzas Armadas para asistir a familias afectadas por las inundaciones en el sur del territorio, ordenó reforzar el cumplimiento de las normas penitenciarias y presentó medidas tributarias destinadas a los clientes perjudicados por la situación de Ueno Bank.
Según informó Infobae, el mandatario comunicó las disposiciones a través de su cuenta oficial de X, donde destacó la necesidad de ofrecer respuestas concretas a la ciudadanía y garantizar el funcionamiento de las instituciones.
"Mi prioridad es dar respuestas a los paraguayos. Menos palabras y más resultados", expresó Alliana al presentar los primeros lineamientos de su administración.
Una de las decisiones principales fue ordenar el despliegue del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas hacia Itá Corá, localidad del departamento de Ñeembucú, para reforzar la distribución de alimentos entre las familias damnificadas por las inundaciones.
La región atraviesa dificultades vinculadas con la crecida del río Paraná, que afecta a distintas comunidades del sur paraguayo. El operativo busca ampliar la capacidad de respuesta y facilitar la llegada de asistencia a las zonas comprometidas.
"En Itá Corá, ordené el despliegue del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas para reforzar la asistencia con alimentos a las familias damnificadas", detalló el presidente.
Las instrucciones fueron comunicadas después de una reunión de trabajo con el vicepresidente Antonio Barrios, el jefe de Gabinete Civil, Rolando de Barros, y representantes de las áreas de Economía, Industria, Justicia y Defensa.
Durante el encuentro, Alliana también abordó la situación del sistema penitenciario y ordenó al Ministerio de Justicia garantizar la aplicación de las normas sin diferencias de trato entre las personas privadas de libertad.
"En las cárceles, ordené al ministro de Justicia hacer cumplir estrictamente la ley. Ningún procesado tendrá privilegios ni trato especial. Las operaciones conjuntas de seguridad mantendrán el control permanente", sostuvo.
La medida se produjo en un contexto de investigaciones judiciales relacionadas con la crisis de Ueno Bank, que derivaron en imputaciones y detenciones de exfuncionarios y directivos de la entidad financiera.
Entre los involucrados se encuentra el expresidente Santiago Peña, quien recibió una medida de prisión preventiva por decisión judicial. La Fiscalía lo imputó por presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.
El juez Humberto Otazú dispuso que Peña cumpliera la medida en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, por razones de seguridad. La investigación también alcanzó a exautoridades del Banco Central del Paraguay y responsables vinculados con la entidad bancaria.
La crisis financiera comenzó cuando el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank tras detectar problemas en sus indicadores de solvencia. La entidad contaba con aproximadamente 2,8 millones de depositantes, por lo que su situación generó preocupación entre los usuarios del sistema financiero.
El proceso derivó en una crisis política que culminó con la destitución de Peña mediante un juicio político y la posterior asunción de Alliana.
Ante este escenario, el nuevo mandatario anunció medidas destinadas a reducir las consecuencias económicas para los clientes afectados.
"Ordené que los contribuyentes afectados por la situación de Ueno Bank no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema", comunicó.
Además, instruyó al director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de quienes utilizaban exclusivamente los servicios de la entidad intervenida.
La decisión busca evitar que los problemas de acceso a los fondos bancarios generen sanciones adicionales para los contribuyentes.
"Ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó", afirmó Alliana.
En paralelo, las autoridades financieras avanzan con los mecanismos de devolución de depósitos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos, que contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por persona, equivalente a aproximadamente US$38.600.
También se habilitó un sistema de anticipos de hasta 40 salarios mínimos, cercano a US$19.300, sujeto a las condiciones previstas por la normativa.
De acuerdo con la información difundida por el presidente interino del Banco Central, Pedro Acosta, los primeros pagos alcanzaron a aproximadamente 1.196.000 personas, por un monto cercano a US$160 millones.
El proceso contempla además la situación de los jubilados que percibían sus haberes a través de Ueno Bank, así como la de instituciones y cooperativas con depósitos en la entidad.
Las primeras decisiones de Alliana se concentran así en la asistencia social, el funcionamiento institucional y la respuesta a la crisis financiera, tres áreas que adquieren relevancia en el comienzo de su administración.
El mandatario busca establecer una agenda de gestión orientada a atender las necesidades inmediatas de la población, mientras Paraguay atraviesa un proceso de reorganización política y financiera.
