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Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos presentaron ante autoridades nacionales de Energía una propuesta para diferir los mayores costos eléctricos del invierno que afectan a frigoríficos, cooperativas y plantas procesadoras de la Región Centro. El planteo, elevado durante una reunión técnica realizada en el Ministerio de Economía de la Nación, busca distribuir los cargos correspondientes a junio, julio y agosto durante los meses de primavera y verano para evitar que los aumentos estacionales comprometan el capital de trabajo, la competitividad y la continuidad operativa de las empresas agroindustriales.
La iniciativa surge frente a un fuerte incremento en las facturas de los grandes usuarios de energía. Según los datos técnicos presentados por la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), algunas industrias electrointensivas y plantas frigoríficas registraron aumentos de hasta 500% durante el invierno. En determinados casos, la diferencia mensual llegó a superar los $200 millones, con un impacto directo sobre las estructuras de costos de establecimientos que necesitan mantener un consumo eléctrico elevado para desarrollar sus actividades.
El pedido de las tres provincias no apunta a reducir el monto total que deben pagar las empresas ni a reinstalar subsidios. La alternativa consiste en modificar el momento en que se afrontan los cargos extraordinarios, trasladando parte de la presión financiera de los meses de mayor demanda hacia un período en el que los costos estacionales disminuyen.
La propuesta fue presentada por representantes de la Región Centro ante funcionarios nacionales vinculados con el área energética, con el objetivo de analizar su viabilidad técnica y operativa.
El problema se concentra especialmente en los Grandes Usuarios de Distribuidor (GUDI), una categoría que incluye a establecimientos industriales con un consumo significativo de electricidad. Allí se encuentran frigoríficos, cooperativas y plantas dedicadas al procesamiento de materias primas agropecuarias.
De acuerdo con la información técnica expuesta por las provincias, el cargo asociado a los sobrecostos estacionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) produjo un fuerte incremento en las obligaciones de estos usuarios.
A nivel provincial, el monto total vinculado con este componente pasó de $1.271 millones en abril a más de $7.110 millones en mayo. La proyección presentada ante las autoridades nacionales anticipó, además, que el valor podría superar los $14.368 millones al finalizar el bimestre invernal, según los datos incluidos en el informe.
El universo afectado alcanza a unos 340 grandes usuarios entre industrias, cooperativas y establecimientos de procesamiento. Se trata de empresas que cumplen un papel relevante en las cadenas de valor agropecuarias, ya que permiten transformar materias primas en productos con mayor valor agregado antes de su comercialización en el mercado interno o su exportación.
Para estas compañías, el problema no se limita al aumento del costo energético. La concentración de los mayores cargos en determinados meses puede generar una presión adicional sobre el flujo de caja, especialmente en actividades que ya enfrentan costos elevados de producción, logística, salarios y financiamiento.
La situación adquiere mayor importancia para sectores como el frigorífico, donde la electricidad representa un insumo necesario para sostener cámaras de frío, procesamiento, conservación y otras etapas de la operación industrial.
El mecanismo elaborado por los equipos técnicos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos contempla instruir a Cammesa, la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista, para habilitar un esquema de diferimiento de los montos facturados durante los meses de invierno.
La idea es que los cargos extraordinarios correspondientes al período junio-julio-agosto puedan distribuirse en cuotas durante los meses posteriores, especialmente durante la primavera y el verano, cuando disminuye el componente estacional que genera el salto de costos.
El objetivo es generar una curva de pagos más equilibrada durante el año.
En términos financieros, el mecanismo permitiría que las empresas no tengan que afrontar de manera concentrada el impacto de los mayores cargos justamente en los meses en los que la demanda energética y los costos asociados alcanzan niveles elevados.
La propuesta no supone una quita de la deuda ni una reducción del monto final. Las empresas continuarían abonando los cargos correspondientes, pero con un cronograma de pagos diferente.
Para las provincias, esa diferencia resulta central: se busca aliviar la tensión financiera sin recurrir a transferencias del Tesoro Nacional.
El planteo apunta, en definitiva, a transformar un problema de concentración temporal de costos en uno de financiamiento más previsible para las compañías.
La preocupación de las provincias se vincula también con la necesidad de preservar la competitividad de las cadenas agroindustriales.
Las plantas procesadoras y frigoríficos operan dentro de mercados donde los costos tienen un peso determinante sobre el precio final. Un incremento abrupto de la energía puede trasladarse a la estructura de costos de la industria y afectar las condiciones en las que las empresas compran materia prima, procesan, almacenan y comercializan sus productos.
El problema adquiere una dimensión adicional en las actividades orientadas a la exportación. En esos casos, las empresas deben competir en mercados internacionales en los que no siempre tienen capacidad para trasladar de manera inmediata un aumento de costos internos.
Por eso, desde la Región Centro plantearon que una mayor previsibilidad en las facturas puede contribuir a sostener el valor agregado en origen y la capacidad exportadora de la agroindustria.
El planteo también busca evitar que un aumento estacional de los costos energéticos termine afectando decisiones productivas de largo plazo, como inversiones, incorporación de tecnología, ampliaciones de capacidad o mantenimiento de puestos de trabajo.
Durante la reunión con funcionarios nacionales, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó que la provincia mantiene sus obligaciones operativas con Cammesa y remarcó que el pedido tiene como objetivo generar mayor previsibilidad para el sector productivo.
La posición de la Región Centro busca diferenciarse de un pedido tradicional de asistencia estatal. En lugar de solicitar una reducción de tarifas mediante subsidios, las provincias propusieron una herramienta financiera que permita administrar el momento del pago.
El criterio parte de reconocer que el cargo debe ser afrontado por los usuarios, pero considera que su concentración en determinados meses genera una distorsión sobre el flujo financiero de las empresas.
La propuesta fue acompañada por representantes de las áreas de producción e infraestructura de las tres provincias, que participaron de la presentación técnica ante las autoridades nacionales.
Ahora, el siguiente paso depende de la evaluación que realice Nación sobre la factibilidad del mecanismo y de los cambios operativos que eventualmente deberían implementarse para llevarlo adelante.
El debate energético se inscribe en una discusión más amplia sobre la estructura de costos de la agroindustria argentina.
Para las empresas que transforman materias primas en alimentos y otros productos, la competitividad depende de múltiples variables: precio de los insumos, energía, transporte, financiamiento, impuestos, salarios y condiciones de acceso a los mercados.
En ese esquema, una suba concentrada de la electricidad puede tener un efecto mayor que el incremento nominal de una factura. El problema aparece cuando el costo llega en un momento determinado del año y obliga a las empresas a destinar una proporción mayor de sus recursos a cubrir obligaciones corrientes.
La propuesta de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos apunta precisamente a reducir ese efecto.
Si el esquema logra avanzar, los usuarios continuarían pagando los cargos correspondientes, pero con una distribución temporal diferente. Para las industrias, el beneficio estaría en contar con una mayor previsibilidad financiera y evitar que los picos invernales condicionen el funcionamiento de las plantas.
La discusión, por lo tanto, no se limita al precio de la energía. También involucra la forma en que se distribuyen los costos a lo largo del año y el impacto que esa estructura tiene sobre la capacidad de inversión y producción.
En una región donde la agricultura, la ganadería y la industria alimentaria están estrechamente vinculadas, las decisiones sobre energía terminan teniendo consecuencias sobre toda la cadena.
La Región Centro llevó así a Nación una alternativa que busca compatibilizar el esquema vigente de costos eléctricos con las necesidades financieras de las empresas. La respuesta oficial determinará si el mecanismo puede convertirse en una herramienta concreta para atravesar los meses de mayor presión tarifaria sin recurrir a subsidios.
Mientras tanto, los frigoríficos, cooperativas y plantas procesadoras deberán enfrentar un escenario en el que la energía ocupa un lugar cada vez más relevante dentro de sus costos. Para el sector, la discusión ya no pasa solamente por cuánto cuesta la electricidad, sino también por cuándo se paga y cómo ese calendario impacta sobre la competitividad del negocio.
